La financiación foral, pendiente del juego de mayorías tras las elecciones generales

El Concierto Económico vasco y el Convenio navarro, que son gemelos y la base del autogobierno foral y por consiguiente su financiación propia y diferenciada en España, tienen en el Congreso de los Diputados su barrera para avanzar o su punto de impulso, según cómo se mire. Son leyes orgánicas reconocidas en la Constitución y, por lo tanto cualquier cambio que se precise hacer en ellas tiene que pasar irremediablemente por el visto bueno del Congreso de los Diputados, que deberá aprobar la nueva norma con mayoría absoluta, y también por el Senado. Es cierto que lo habitual es que sea un mero trámite, porque lo que llega al Congreso es ya un acuerdo suscrito de forma bilateral entre el Gobierno vasco, o en su caso el navarro, y el Gobierno central, pero el juego de mayorías que deparen las elecciones del 23J puede hacer que los debates a los que tengan que someterse en el futuro estos pilares del autogobierno sean más o menos incómodos, o incluso que se puedan bloquear acuerdos esenciales.

La última vez que tanto el Concierto Económico vasco como el Amejoramiento navarro pasaron por el Congreso fue en el mes de febrero, cuando siguiendo el procedimiento de lectura única y sin posibilidad de enmiendas por parte de los grupos, por tratarse de normas ya pactadas de forma bilateral entre lo Gobiernos español y autonómicos, se dio el visto bueno a las modificaciones en ambas normas para que pudieran incluirse como nuevos impuestos concertados -es decir, con capacidad de las Haciendas de ambas comunidades de recaudación y de modificación de los mismos- el llamado impuesto de solidaridad o sobre las grandes fortunas, el impuesto sobre envases de plásticos no recuperables, el de gases fluorados con efecto invernadero, y el de incineración y vertederos. También se aprobó la ley quinquenal del Cupo, que marca los criterios y porcentaje que Euskadi pagará al Estado por las competencias no asumidas y que corresponden al Estado. Hace seis meses se aprobaron en el Congreso con la mayoría absoluta necesaria, pero con bronco debate en la Cámara que protagonizaron Ciudadanos y Vox cargando contra los partidos nacionalistas y contra estas normativas que consideran un “privilegio”.

El primero de de estos partidos, CS, estará fuera del nuevo Congreso que surja de las urnas del 23J, ya que ha decidido no presentarse a estos comicios después de la debacle que sufrió en las municipales del 28M. Respecto a la formación de Santiago Abascal, abiertamente contraria a los regímenes forales -e incluso al Estado de las autonomías- todavía es una incógnita si superará los 52 diputados de la pasada legislatura o si alguno de sus dirigentes llegará al Gobierno de España de la mano del PP. Es una posibilidad que podría enturbiar las negociaciones con los Gobiernos forales que este partido quiere suprimir. El PP apoya el Concierto por emanar de la Constitución -y así lo hizo en el último debate en las Cortes- aunque ha manifestado dudas sobre cómo se calcula el Cupo y han considerado que no siempre se ha negociado con suficiente transparencia. De hecho, lo que queda blindado por la Constitución es el Concierto y el Convenio, pero no el Cupo.

El 6,24%, por encima del PIB vasco y de su población

En principio la Ley Quinquenal del Cupo vasco está blindada hasta 2026. Eso significa que el sistema de financiación permanecerá invariable deberá negociarse su renovación con el Gobierno que salga de las urnas. El acuerdo que suscribieron en noviembre de 2022 la ministra María Jesús Montero y el consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y que después ratificaron las Cortes mantiene el índice de imputación en el 6,24%, un índice que permanece invariado desde que se aprobó el primer Concierto vasco de la democracia, y que se ratificó también con el Gobierno del PP estando Cristóbal Montoro de ministro de Hacienda, y en el que se centran la mayoría de las polémicas de los partidos y comunidades autónomas que lo cuestionan porque consideran que implica una aportación inferior a la que Euskadi debería proporcionar al Estado por las competencias no transferidas. Euskadi tiene que pagar el 6,24% de los gastos del Estado en, por ejemplo, Cercanías, aeropuertos, puertos, la estructura de la Seguridad Social -no las pensiones-, el antiguo Inem o la financiación de las instituciones centrales como la Casa Real, la política exterior o la contribución a la Unión Europea. Es decir, de ese 6,24% depende la cantidad que se paga de Cupo, aunque luego se ajusta en función de los gastos que corresponden al Estado y que se han asumido por el Gobierno vasco después de un acuerdo entre ambos Ejecutivos. Por ejemplo, ahora el Gobierno vasco está asumiendo gastos en las obras del AVE mediante encomiendas de gestión que en su momento se descontarán del pago de Cupo. El año pasado la cantidad se fijó en 1.472 millones euros. Pero ésta es una cantidad que varía cada año en función de diversos parámetros. Además de lo que haya que descontar por haber sido asumido por Euskadi, la recaudación de impuestos del Estado, por ejemplo. De hecho, el Cupo provisional para este año es de 1.680 millones de euros, 273 millones más que en 2022. Lo que de momento no variará, a la espera de la próxima negociación de la Ley Quinquenal es el porcentaje de cálculo.

El porcentaje se estableció en su día en base al peso de la economía vasca en el conjunto del PIB estatal y de su población. Pese a los que consideran que es un índice calculado a la baja, si en en el año 2000 el peso de la economía vasca era del del 6,3% del PIB nacional, en 2020 está en el 5,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Lo mismo ocurre con la población que no supera el 4,6% del conjunto estatal. Sin embargo, abrir el melón de modificaciones en este índice sería muy complicado, por las suspicacias que este sistema de financiación levanta en otras comunidades autónomas, especialmente en estos momentos en los que varias de ellas están gobernadas por coaliciones del PP y Vox, que pueden querer elevarlo.

La aportación navarra al Estado por las competencias no asumidas también se regula cada cinco años. Su cálculo depende también de un índice de imputación que se determina, básicamente, en función de la renta relativa de Navarra. El año pasado el Cupo de Navarra al Estado fue de 754 millones de euros.