La Fiscalía de Gipuzkoa ve indicios de dos delitos penados con cárcel en la gestión el diputado socialista José Ignacio Asensio

La Fiscalía de Gipuzkoa, en el marco de una denuncia de la plataforma GuraSOS por el funcionamiento de la incineradora de Zubieta, señala al diputado foral de Medio Ambiente en Gipuzkoa, el socialista José Ignacio Asensio, por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente (hasta dos años de prisión) y de otro de falsedad documental (seis años). Asensio tiene el rango de teniente de diputada general, el 'número dos' de Eider Mendoza, del PNV, y es el secretario general del PSE-EE en Gipuzkoa.

La Fiscalía, a través de su delegada para delitos verdes Lorena Arocena Alonso, ha presentado una denuncia penal contra Asensio en su calidad de presidente de la entidad conocida como GHK, el consorcio de residuos de Gipuzkoa. Asimismo, han sido investigados igualmente la directora técnica de ese organismo, Nagore Peñalva, el ingeniero Manuel Franco y Andoni Sánchez de Luis de la empresa SADER. Según fuentes judiciales, el juzgado de Instrucción 5 de Donostia ya ha admitido a trámite la denuncia y ha decretado la apertura de diligencias previas. Por el momento, según estas mismas fuentes, no hay una fecha para la toma de declaración del imputado. Se da la circunstancia de que en la misma sala hay abierta otra pieza sobre la incineradora en la que está siendo investigado el director general de GHK, César Gimeno.

¿En qué consiste esta investigación? GuraSOS, plataforma crítica con el proyecto de Zubieta por sus implicaciones ambientales, denunció en junio que en 2022 la planta generó residuos “peligrosos” no autorizados. Además, señaló que para “ocultar” estos hechos GHK de modo “consciente” recogió esto de manera “errónea” en documentos oficiales. Igualmente, encargó a una empresa no autorizada para la gestión de residuos de este tipo el tratamiento. Indica la Fiscalía que ya ha realizado “actuaciones” y entiende que “pueden ser” constitutivos de delito estos hechos. Eso sí, ve “prematuro” implicar también al área de Medio Ambiente del Gobierno vasco, encargada de la vigilancia y control, ya que aún no se ha podido acreditar “pasividad” ante lo ocurrido en Zubieta.

Fuentes de la Diputación han indicado a este periódico que desconocían estos hechos y que los han descubierto por los medios de comunicación. Recalcan que los encajan con “tranquilidad”. Se da la circunstancia de que también la diputada foral de Álava de Medio Ambiente, Amaia Barredo, está imputada tras otra denuncia de la Fiscalía. En su caso, se analiza si incurrió en prevaricación al autorizar una planta de tratamiento de residuos en Bergara llamada Valogreene Paper.

Por otro lado, también según fuentes judiciales, el juzgado de Donostia, cuya titular interina es la magistrada Maider Imaz Mendizabal, ha comisionado como Policía judicial a la Guardia Civil. En concreto, encarga un informe a la unidad especializada en delitos ambientales, el Seprona. Hace unos años, tras un episodio de contaminación de una regata próxima a la incineradora, hubo una polémica política por la elección de este cuerpo y no de la Policía principal vasca, la Ertzaintza.