La Fiscalía señala un posible delito de prevaricación en Lanbide por pedir la devolución de RGI fuera de plazo

El fiscal delegado en Euskadi para delitos económicos, José Manuel Ortiz, ha presentado un escrito en que alude a la posible existencia de un delito de prevaricación en la decisión del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) de solicitar el reingreso de unas cantidades supuestamente indebidas percibidas por un beneficiario de la renta de garantía de ingresos (RGI) ocho años atrás. El informe de la Fiscalía deriva de una querella interpuesta por el abogado de Argilan-ESK Iñaki Carro contra el exresponsable de RGI en Lanbide, Jon Uriarte (PNV), un pleito que inicialmente fue desestimado por la juez de Bilbao Yolanda Paredes y que tanto los denunciantes como el ministerio fiscal solicitan reabrir.

La denuncia se fundamenta en que Lanbide, en el verano de 2020, activó el procedimiento para solicitar la devolución de ayudas abonadas en 2011, 2012 y 2013 por aparentes anomalías y que lo hizo “a sabiendas” de que la deuda estaba prescrita a los cuatro años, es decir, como mucho en 2017. Argilan-ESK alude a 2.668 comunicaciones de reintegro. Según la Fiscalía, la normativa de Hacienda de 1997 es meridiana cuando alude a que más allá de cuatro años no se puede solicitar la devolución de un pago de fondos públicos. Añade Ortiz que “en materia de RGI no existe especialidad” ya que la normativa reguladora remite a aplicable a todas las ayudas de la Administración autonómica.

La prevaricación consiste en un acto administrativo irregular realizado a sabiendas de que es contrario a derecho. Es un tipo de delito que no comporta penas de prisión pero sí de inhabilitación. La Fiscalía entiende “sin perjuicio de lo que resulte” de la investigación que hay que abrir “los hechos denunciados son indiciariamente constitutivos de un delito de prevaricación” porque Lanbide “infringe un precepto, el que establece el plazo de cuatro años de prescripción, que no puede desconocer”. El ministerio fiscal, en todo caso, no alude directamente a Uriarte y apunta a una decisión de “un funcionario o funcionarios cuya identidad está por determinar”.

Argilan-ESK, en cambio, sí señala abiertamente a Uriarte. Este cargo del PNV de Álava ha sido concejal en Vitoria, director de la Ertzaintza y, en la pasada legislatura, director de Formación para el Empleo y Garantía de ingresos en el Servicio Vasco de Empleo dentro del equipo de la consejera Beatriz Artolazabal. Ahora acompaña también a Artolazabal en su nuevo Departamento. Se da la circunstancia de que ocupa desde septiembre el cargo de director de la Administración de Justicia.