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El Gobierno vasco reconoce a “todas las víctimas” ante las acusaciones de EH Bildu de olvidar a las del GAL

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga durante la interpelación

Alazne Aldayturriaga

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El Gobierno vasco ha asegurado este viernes en el Parlamento Vasco que está comprometido con la verdad y el reconocimiento de víctimas de “terrribles e injustas vulneraciones de los derechos humanos a víctimas como Mikel Zabalza o José Antonio Cardosa”. Estas palabras llegan después de que EH Bildu pidiera explicaciones sobre la implicación del Gobierno español en la guerra sucia. Como prueba de ello, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha manifestado que ya figuraban en sus bases de datos como víctimas del GAL. Sin embargo, ha alegado falta de competencias del Gobierno vasco para “desclasificar estos expedientes”.

“Para esas víctimas saber la verdad es crucial y cuando surge un rayo de luz hay que darle visibilidad, porque es lo poco a lo que se siguen aferrando las víctimas”, ha exigido Julen Arzuaga, parlamentario del grupo EH Bildu y autor de la interpelación. Sin embargo, Arzuaga ha reiterado que “toda evidencia ha sido borrada al evitar la comparecencia en el Congreso de Corcuera y Grande-Marlaska” al no permitir que se demuestren los hechos. Además, ha reprochado al Gobierno vasco haber permanecido en silencio hasta que EH Bildu ha preguntado por ello.

El pasado 7 de octubre, el diario 'Abc' destapó la confesión que hizo Antonio Asunción, ministro del Interior en el Gobierno de Felipe González, en la sede del CESID sobre las cartas bomba que envió el Gobierno español a militantes de HB. Asunción acusa directamente a su antecesor, José Luis Corcuera, de ser responsable del envío de las cartas, que causaron la muerte al repartidor eventual de Correos José Antonio Cardosa cuando estalló la bomba que iba a entregar a Ildefonso Salazar Uriarte, militante de HB y colaborador de ETA. EH Bildu pidió la comparecencia del exministro y del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. No obstante, la petición ha sido tumbada por la Mesa del Congreso.

Artolazabal ha declarado no haber tenido “la menor duda” para “inmediatamente pedir una investigación” con el objetivo de esclarecer los posibles casos de cartas-bomba enviadas desde el Gobierno español a militantes de Herri Batasuna (HB). “Es imprescindible investigar este tipo de casos para fortalecer la democracia”, ha comenzado, y ha puesto sobre la mesa la hoja de ruta del Gobierno vasco con el Plan Udaberri 2024.

El Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad del Ejecutivo contempla un “nuevo reto” de convivencia desde que ETA cesó definitivamente en su actividad armada hace ahora diez años. Para ello, el Plan Udaberri recoge el “reconocimiento legal, institucional, social y moral de las víctimas”. El texto enfatiza la necesidad de reconocer a “todas las víctimas”, “tanto las las provocadas por el terrorismo de ETA como de las víctimas de otras vulneraciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política”. Además, Artolazabal ha subrayado que el plan las pone en el centro, como “pilar fundamental” de la Agenda Vasca para la Convivencia.

La consejera ha recordado al parlamentario que “las personas son la base” de sus políticas, por lo que la actuación del Gobierno vasco en materia de “reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos lleva muchos años desarrollándose”. “Sin equidistancias, sin paralelismos, pero sin exclusiones, desde la firme convicción también de que no hemos cerrado ni cerraremos los ojos a ninguna vulneración de derechos”, ha insistido. El Ejecutivo ha destacado también el “rigor profesional y la independencia” con la que trabajan para el reconocimiento a las víctimas, porque ven necesaria “una memoria plural y rigurosa para construir un futuro en común”. Esa determinación, afirma, se corrobora con la aplicación de la Ley 12/2016, ley que entienden que amparan los casos desvelados “en las supuestas grabaciones del CESID a Antonio Asunción” y ha vuelto a mencionar que la desclasificación de los documentos “será un objetivo político”.

Asimismo, la consejera se ha sentido “molesta” por la postura de Arzuaga, quien la ha acusado de permanecer en silencio hasta que EH Bildu ha preguntado por ello, ya que “siempre” ha defendido “a todas las víctimas por igual”, algo en lo que, apunta, EH Bildu “igual todavía tienen un camino por recorrer”.

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