El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho este miércoles un guiño a Euskadi y al PNV. Tras reunirse en Madrid con Miquel Iceta, la consejera vasca Olatz Garamendi ha regresado a Vitoria con el compromiso de celebrar en abril la comisión mixta de transferencias para el traspaso de un bloque de materias encabezada por la competencia de Prisiones, que hasta ahora solamente ha sido cedida a Catalunya. También se ha “desbloqueado” la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque su complejidad técnica la retrasará más allá de abril, según las fuentes consultadas.
El nuevo ministro de Política Territorial ha recibido este miércoles en Madrid a la consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno. Y la cita no ha sido excepcional. Ha sido uno más de los encuentros de las últimas semanas, en Madrid o en Vitoria, entre representantes de ambos Gobiernos en el marco de las conversaciones para hacer efectivo el calendario de transferencias pendientes para completar el Estatuto de Gernika, que data de 1979. “Éste es el camino a seguir para llegar al cumplimiento del Estatuto de Gernika, que 41 años después de su aprobación todavía sigue sin cerrarse”, ha enfatizado Garamendi. Iceta también ha destacado el “dialogo, la negociación y el pacto” como marca de relación con las autonomías. El Gobierno vasco ha agradecido al sustituto de Carolina Darias que haya recibido a Euskadi en primer lugar en su ronda con las comunidades. Antes que Garamendi e Iceta, han participado en estos encuentros bilaterales los ministros Carmen Calvo, María Jesús Montero, Fernando Grande–Marlaska o José Luis Escrivá y los consejeros Josu Erkoreka, Pedro Azpiazu o Idoia Mendia.
Fue el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, quien insistió en relanzar esta relación bilateral en un encuentro que mantuvo en enero en La Moncloa con el presidente, Pedro Sánchez. En paralelo, el PNV ha activado sus resortes políticos de influencia en Madrid para presionar al Gobierno socialista con el ánimo de que cumpla sus compromisos. Es más, en una entrevista con 'El Correo', el propio Andoni Ortuzar dio a entender que se había iniciado un 'deshielo' entre su partido y el PP, con el que rompió amarras al apoyar la moción de censura que aupó a Sánchez solamente unos días después de cerrar un pacto presupuestario con el equipo de Mariano Rajoy.
El último calendario –la pandemia y los cambios de ministros en Política Territorial han ido modificándolo– fijaba marzo para este acuerdo en torno a Prisiones. Se trata de una competencia que tiene un simbolismo especial aunque la política penitenciaria y, singularmente, la gestión de los presos de ETA vayan a continuar en manos del Gobierno central. La derecha y asociaciones de víctimas como la AVT han asegurado que es una vía para beneficiar a ese colectivo. En lo tocante a las fechas, desde el Gobierno vasco no ven problemático el pequeño retraso ya que, como expuso Garamendi a los medios de comunicación antes del viaje, se prefiere una buena transferencia que una más acelerada una vez esperados tantos años. Desde Navidad ya había un borrador definido sobre el modelo que se acordará y hay ya un marco de entendimiento sobre el alcance de la transferencia, aunque faltarían por definir algunos flecos y su cuantificación económica. En el caso vasco, el dinero que el Estado destinaba a la materia que se cede se descuenta del pago que la comunidad autónoma realiza anualmente, el denominado Cupo.
El Gobierno vasco, desde el nuevo departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige la consejera del PNV Beatriz Artolazabal, gestionará las tres cárceles vascas (Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa) y los alrededor de 600 funcionarios de Instituciones Penitenciarias se convertirán en personal autonómico. Esta red se engarzará con la seguridad, sanidad o educación penitenciaria, ya gestionadas desde Euskadi con sus propios medios, y con el sistema de menores y penas alternativas a prisión, también transferidos. Entre los asuntos pendientes de aclarar están las obras de la nueva cárcel de Gipuzkoa en Zubieta, ya adjudicadas por el Ministerio del Interior y que, en pura teoría, el Gobierno vasco debería asumir y completar aunque no haya participado en su planificación. Además, está en el aire qué ocurrirá con el antiguo penal de Nanclares de la Oca, que había sido reconvertido en Centro de Inserción Social (CIS) y en el que vivían algunos funcionarios que ya han recibido comunicación de que el 1 de marzo deberán abandonar sus pisos.
El paquete que se transferirá en abril incluirá otros asuntos menores, como la asignación del ISBN a los libros. Antes, el Gobierno de Pedro Sánchez ya había traspasado otras materias, como los últimos tramos de carreteras que eran de titularidad estatal, en concreto unos kilómetros de las autopistas AP-1 y AP-68. Del encuentro con Iceta, Garamendi ha salido también con el compromiso de empezar a negociar el siguiente paquete de traspasos de cara a final de 2021. Se ha apuntado, en concreto, a un “impulso” a las negociaciones en torno a Inmigración (que no Extranjería) y Cercanías (en parte ya asumidas por el operador autonómico Euskotren hace años), así como a la gestión del litoral y a la seguridad privada. El Estado también entregará la titularidad de un antiguo edificio del Ejército en el puerto de Ondarroa (el edificio–sede del distrito marítimo) para completar la transferencia de puertos deportivos y pesqueros, si bien Garamendi ha dejado claro no renuncia a negociar en torno a las infraestructuras de interés general (Bilbao y Pasaia). Ocurre lo mismo con los aeropuertos. Aquí el espejo catalán muestra que hubo una transferencia pero solamente de las infraestucturas no estratégicas. Las grandes, en particular El Prat, siguen gestionadas desde la red de Aena.
Aunque desbloqueada, más compleja parece la negociación en torno al IMV, que no está totalmente desarrollado y que incorpora partes que afectan a la Seguridad Social, un terreno pantanoso históricamente en las relaciones entre Euskadi y el Estado. El área de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco la dirige la socialista Idoia Mendia, que además es vicelehendakari. Y el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ya ha asumido casi desde el inicio la nueva prestación mediante una encomienda de gestión. Pero desde el equipo de Mendia insisten en que el nuevo modelo que se transfiera a las comunidades autónomas (Navarra también está en cola) no puede ser igual al sistema actual, en el cual la comunidad autónoma se encarga del papeleo y las autorizaciones siguen en manos de la Seguridad Social, lo que genera duplicidades. A ello se le añade la complejidad institucional interna, por la cual son las Diputaciones y no el Gobierno vasco quienes controlan las bases de datos de Hacienda. Solamente la pasada semana se conveniaron Álava, Bizkaia y Gipuzkoa con la Seguridad Social para intercambiar la información sobre las rentas. Y está siendo esta semana cuando los potenciales beneficiarios vascos del IMV están recibiendo por SMS información para agilizar el cobro de la prestación. Son un total de 42.724 los que recibirán el mensaje.
Y hay otra dificultad añadida: la complementariedad entre el IMV y el modelo propio de renta básica instaurado en Euskadi en 2008, la renta de garantía de ingresos o RGI. En trazos generales, la ayuda social autonómica es más alta y garantista, pero hay algunas excepciones y puertas de acceso reguladas de diferente manera. La prestación estatal, por ejemplo, exige un año de residencia legal y la vasca tres de residencia efectiva (con o sin la documentación en regla). El modelo pasaría por que el Estado abonase la cuantía correspondiente al IMV a los vascos que tengan derecho y, si se diera el caso, que las arcas autonómicas complementasen el resto hasta los umbrales definidos en Euskadi. Así se hace con las pensiones bajas de la Seguridad Social: 12.927 jubilados cobraron en enero un complemento desde Lanbide. Mendia ya ha mantenido varias conversaciones con el ministro del ramo, José Luis Escrivá, y ha mediado con el PNV, que en febrero mostró su impaciencia con este asunto y votó en contra de la convalidación de un decreto en el Congreso.
El propio Aitor Esteban, cuando pactó con el Gobierno de Sánchez esta trasferencia en el contexto de una de las prórrogas del primer estado de alarma de la pandemia, sugirió que el IMV podría ser la primera piedra de una futura transferencia más amplia de la Seguridad Social. El Estatuto prevé que la comunidad autónoma pueda gestionar el “régimen económico” del sistema, pero siempre que se preserva la denominada “caja única” para toda España. Esta competencia nunca ha sido cedida y el Gobierno de Sánchez solamente se ha comprometido con Urkullu a realizar un “análisis” de su viabilidad.