El Gobierno vasco defiende la gestión de la directora de puertos, denunciada por el reparto de amarres en Donostia

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha dado a entender que respalda plenamente la gestión de la directora de la sociedad Euskadiko Kirol Portua (EKP), Edurne Egaña, investigada por una denuncia a raíz de la repetición del proceso de adjudicación de amarres en el puerto deportivo de Donostia. Egaña declaró este lunes en un juzgado de lo penal de la ciudad tras la querella de una persona que perdió su plaza entre la primera y la segunda convocatoria y que acusa a la directora no solamente de “prevaricación” -dictar resoluciones administrativas a sabiendas de que son injustas- sino de delitos como “acoso” o “coacciones”.

Según recoge Efe, Egaña manifestó en sede judicial que “para nada ha habido ningún dolo ni ninguna intencionalidad” en las actuaciones durante el proceso de concesión de plazas en el puerto donostiarra. La directiva de EKP negó “rotundamente” las acusaciones del querellante. Insiste en que se trata de un procedimiento administrativo y que los posibles errores y anomalías se han de ventilar en la vía administrativa, no en la jurisdicción penal. En la misma línea, y a preguntas de los periodistas, Tapia ha afirmado en varias ocasiones que es un asunto “administrativo”, “absolutamente administrativo”. Ha destacado que se están dando “todas las explicaciones” y que Egaña respondió en el juzgado “a todas las preguntas” que se le formularon. Ha prometido, igualmente, la “máxima colaboración” tanto del Gobierno como de EKP con la instrucción judicial.

Como publicó este periódico, el Ejecutivo admite “errores” en el proceso de asignación de amarres en Donostia. Tapia lo ha expresado incluso públicamente, al igual que Egaña en sede judicial. Sin embargo, la línea argumental es que el primer concurso estuvo mal hecho y que lo irregular habría sido no repetirlo. En concreto, informes internos apuntan a que se dejó fuera a un número elevado de solicitantes por un fallo en la conversión de un listado en Excel a PDF o que el tamaño de los 'aparcamientos' no estaba bien medido. Ello motivó un segundo proceso que, lógicamente, dejó fuera a personas que habían obtenido amarre en el primero, como fue el caso del querellante. “El espacio es escaso y se producen muchas solicitudes”, ha apostillado la consejera.

Se de la circunstancia de que la Comisión de Ética del Gobierno vasco no se ha pronunciado sobre este caso antes de la declaración judicial, aunque era conocida desde hace semanas. Es una obligación de los altos cargos someterse a criterio de este organismo cuando reciben una citación. Salvo casos de delito flagrante o de que la investigación derive en la apertura de juicio, este comité no suele recomendar la dimisión, aunque en este caso el dictamen no ha llegado a tiempo. Egaña, además de directora de EKP, es miembro del Gipuzko Buru Batzar, la dirección guipuzcoana del PNV.