El Gobierno vasco quiere recuperar 1.000 viviendas que perdieron la calificación de VPO vendiendo el suelo a sus dueños

El Gobierno vasco quiere recuperar para 1.000 casas la categoría de Viviendas de Protección Oficial (VPO) que perdieron hace unos años y que se construyeron en régimen de derecho de superficie. Es decir, se trata de viviendas edificadas sobre suelos que son propiedad pública. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha anunciado este jueves en el Parlamento Vasco que el año que viene el Gobierno vasco venderá el suelo a 1.000 propietarios de estas viviendas que fueron descalificadas por tratarse de viviendas anteriores al decreto de 2003, que hace permanente la condición de VPO. A cambio de esta venta del suelo, la vivienda tendrá que recuperar su condición de calificación de vivienda protegida. Esta política permitirá al Gobierno ingresar 20 millones de euros que se “invertirán íntegramente en la financiación de nueva vivienda protegida en régimen de alquiler”, según ha anunciado el consejero.

Itxaso ha señalado que en la actualidad existen en Euskadi 9.035 viviendas de estas características, frente a un parque total de vivienda protegida de 65.304 pisos. En ese sentido, ha señalado que la recuperación paulatina como vivienda protegida, empezando por estas 1.000 el año que viene, “corrige un error histórico y reporta unos ingresos que son necesarios en este presente de urgencia para incrementar la capacidad inversora del Gobierno vasco en materia de vivienda”.

Esas 9.035 viviendas libres ahora mismo como resultado de su descalificación se concretan en 1.207 en Álava, 4.631 en Bizkaia y 3.197 en Gipuzkoa. En cuanto al proceso que se pondrá en marcha arrancará con el cálculo del valor atribuible a los edificios afectados imputando a los inmuebles su precio. A las viviendas el máximo de VPO; a los locales los precios de mercado. No se va a imputar a las viviendas su valor en el mercado libre, sino el atribuible de VPO, según han puntualizado desde el Departamento de Vivienda. Calculado este valor tasado, se aplica el 10% de imputación de suelo. Luego se reparte a cada inmueble en función de su cuota de participación en la propiedad.

El procedimiento se abrirá a través de una orden del consejero, dando un plazo y especificando las condiciones junto con el compromiso necesario de “recalificar como viviendas protegidas permanentes”. Por otra parte, en respuesta preguntas de EH Bildu y de Sumar, Itxaso ha anunciado que se incrementará el canon que la sociedad pública Alokabide paga a los propietarios a cambio de captar su vivienda y destinarla a alquiler protegido, que actualmente está en 675 euros y que será “actualizado al alza” para “acercarse un poco a los precios de mercado”, todo ello “sin riesgo de que se produzca ese indeseable efecto de recalentamiento”. Ya lo adelantó este periódico.

El consejero ha explicado que lo que se pretende es “proponer esas actualizaciones en los municipios declarados tensionados”, con el fin de “hacer más atractivo” el programa de Alokabide y “contribuir a la movilización de vivienda deshabitada en aquellos lugares que se han declarado tensionados, asegurando que ello no va a traducirse en un incremento global de los alquileres de ese municipio”. Desde el Departamento de Vivienda se ha precisado que la cuantía del canon aún está por determinar.

Además, ha informado de que se ha aprobado aumentar la carga de trabajo anual de Visesa, incrementando de 500 a 750 el inicio en 2025 de construcción de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler, lo que supone un aumento del 50%. El acuerdo supone ampliar el contrato programa anual que Visesa acuerda con el Departamento y pasar de 20,2 millones de euros a 35,16 millones de euros en 2025.

Asimismo, ha anunciado que el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado los trabajos para reformar la orden que regula la prestación Gaztelagun, que actualmente perciben más de 7.000 jóvenes vascos, con el objeto de revisar al alza el tope de renta de alquiler en el mercado libre que los solicitantes de esta ayuda podrán abonar en los municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado. Igualmente, es una medida avanzada por este periódico.