Impagos en la subcontrata de ambulancias vascas: 80 trabajadores sin cobrar y 255.000 euros en Gibraltar

En la Nochevieja de 2019, la UTE que prestaba el servicio de ambulancias en Vitoria y Álava -también en algunas zonas de Bizkaia- como subcontrata del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) dio la espantada y abandonó el servicio. Dos años largos después, alrededor de 80 trabajadores acumulan impagos por al menos 250.000 euros. El problema ha surgido cuando, en diciembre, un informe de la Dirección de Política Financiera del Gobierno vasco ha constatado la imposibilidad de ejecutar el aval que se presentó cuando se formalizó la adjudicación ya que se formalizó ante una asegurada domiciliada en Gibraltar que, además, ha perdido la capacidad de operar en España después del Brexit.

La solvencia de la UTE venía garantizada con dos “seguros de caución” con números de expediente CG201600030.2 y CG201600030.3 de la compañía Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited. La firma tiene sus oficinas en la suite 3A, Centre Plaza, del número 2 Horse Barrack Lane de la colonia británica. ¿Cómo se ha descubierto esta situación? El abogado del sindicato LAB que ha representado a alguno de estos trabajadores afectados explica que hay ya sentencias de juzgados de Vitoria y de Bilbao y que “la mayor parte” han entrado en fase de ejecución. En ese contexto, el Departamento de Salud ha instado a la Dirección de Política Financiera a que se activen los avales pero la media docena de resoluciones administrativas notificadas en Gibraltar no han tenido éxito, aunque todas ellas tienen acuse de recibo. Se ha intentado una vía alternativa de cobro a través de Carlos Mateos Sánchez, que es el “senior underwriter & partner” de una empresa de Sevilla vinculada con la británica llamada Iberian Insurance Group, pero la respuesta es que “no tienen intención de ingresar los importes reclamados”.

“Fuera del territorio del Estado”

Explican los informes internos del Gobierno vasco que “aunque el impago por parte de un garante provoca que se pueda iniciar contra él el procedimiento administrativo de apremio, en este caso, teniendo la aseguradora su sede en Gibraltar el convenio de recaudación suscrito por esta Administración con la AEAT [Agencia Estatal de la Agencia Tributaria] no permite la recaudación fuera del territorio del Estado”. Las autoridades vascas han contactado también con la Dirección General de Seguros para analizar el “modo de actuar” ante el “previsible incumplimiento”, pero dentro de la consciencia de que, además, Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited está “en la lista de entidades británicas que dejan de estar autorizadas para suscribir nuevos contratos en España desde el 1 de enero de 2021”. No obstante, ellos mismos publicitan en su página web que asumen todas las pólizas previas al Brexit en territorio de la Unión Europea.

Se da la circunstancia de que Ambulancias Maíz, empresa guipuzcoana que era una de las patas de la UTE, sigue prestando servicios a Osakidetza en otras subcontratas y cobrando, por lo tanto, de una Administración con la que tiene un litigio. Sin embargo, no han sido atendidas las peticiones de minorar sus facturas para saldar estas otras deudas. Fuentes judiciales indican, en todo caso, que se ha podido recuperar una parte muy pequeña del dinero adeudado con otros embargos a Ambulancias Maíz de contratos que mantiene con la entidad privada Fremap y con la Sanidad pública aragonesa. Ahora bien, la empresa de transporte de emergencias ha recurrido y ha logrado suspender estos cobros temporalmente, por tres meses, ante el riesgo de que este dinero pueda llevar a la quiebra a la compañía.

En medio de este embrollo judicial, la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, ha preguntado a la consejera Gotzone Sagardui por esta situación en la sesión de control al Gobierno que ha celebrado este viernes el Parlamento Vasco. Entiende Ubera que se ha llegado a este punto “como consecuencia de no haber hecho adecuadamente las licitaciones o por no contrastar la documentación”. “El dinero está en Gibraltar y el Gobierno vasco no contrastó la sede social del seguro. Ahora los que pagan el pato son los trabajadores”, ha lamentado Ubera. La titular de Salud ha pasado de puntillas por las cuestiones jurídicas y se ha limitado a reseñar que el contencioso “está a punto de resolverse” y que, en todo caso, no es un problema de la Administración sino “de los trabajadores con la empresa”.

En la Cámara, Sagardui ha querido centrarse mucho más en la calidad del servicio de ambulancias de Euskadi. Ha señalado que Osakidetza cuenta con un helicóptero medicalizado, con once unidades de soporte vital avanzado con médico y otras tantas con enfermero y con 63 de soporte vital básico. Hay 402 trabajadores asignados a este servicio. Además, ha indicado 428 las ambulancias de traslados, con 592 sanitarios adscritos. Ha subrayado que, durante algunos momentos de la pandemia, se reforzó la flota con 15 vehículos preparados para traslados de infecciosos, aunque ya se denunció en otoño su retirada. La consejera ha recalcado que “se hace oportuno seguimiento de las subcontratas” y que la calidad de la flota es alta, con cada vez más unidades electrificadas y un “95%” de ambulancias con una antigüedad inferior a dos años y un “50% de la flota de reserva” también matriculada como mucho en 2020.

En la puerta del Parlamento, el sindicato LAB ha organizado una protesta bajo el lema 'Eusko Jaurlaritza culpable'. “Es un sector que se nutre del valor humano, y de las ganas de sus trabajadores y trabajadoras. El 31 de diciembre del 2019, en vez de quedarse en casa o irse a la huelga y pese a no haber cobrado la paga extra, ni los festivos ni nocturnos de diciembre, incluso en algunos casos debiéndoles mucho más dinero, decidieron ir a trabajar para dar el servicio”, ha manifestado la central. El sindicato cree que la Administración debería cubrir la deuda: “Es muy grave que no se dé ningún tipo de control sobre las empresas privadas que se presentan a los concursos, ni controlando los avales en su presentación, ni controlando después si cumplen los pliegos de condiciones”.