Informes internos del Ayuntamiento de Barakaldo alertan de pagos irregulares de 115.000 euros a bufetes

El interventor, un jefe de servicio y la responsable del área jurídico-administrativa y de fiscalización del Ayuntamiento de Barakaldo, tres altos funcionarios llamados Isidro Barturen, Aitor Gorostiza y Saioa Ortuzar, han emitido en los últimos meses tres informes solicitando la suspensión de otras tantas contrataciones con bufetes de abogados externos al haber hallado irregularidades en el proceso de adjudicación seguido por el equipo de la alcaldesa Amaia del Campo, del PNV. Los despachos son Iparbilbao Abogados (Roca Junyent), Cuatrecasas y ACIES Abogados y las facturas alcanzan los 115.648 euros en total. La Alcaldía, por el contrario, recalca que todo es “absolutamente legal” y que opera con la “máxima transparencia”.

El nexo común en los tres casos, según los informes internos a los que ha tenido acceso este periódico, es que el Ayuntamiento contrata de manera recurrente a estos bufetes de modo directo, sin hacer un concurso. Como legalmente no es posible hacerlo así en servicios de más de 15.000 euros, fracciona en varias partes los pagos de un mismo servicio, indican estos documentos. No es la primera vez que la Intervención alerta de estas anomalías, ya que hasta octubre constaban hasta diez informes de reparo en el caso de los contratos o con ACIES o a título individual con Roberto Barrondo Lacarra. De hecho, los propios informes conocidos ahora remarcan que han sido “numerosas” las advertencias previas y se lamenta que el Gobierno local no haya “atendido” el “criterio” de los organismos de control interno hasta la fecha. La conclusión que se extrae es “el hecho evidente de que la contratación de servicios jurídicos de representación y defensa en juicio por parte del Ayuntamiento se ha llevado a cabo incurriendo repetidamente en vicio de nulidad de pleno derecho”. Se rechaza, de hecho, que este tipo de servicios queden excluidos de la normativa ordinaria de contratación como plantean algunas interpretaciones de la normativa europea.

El primer informe, de noviembre de 2021, hace referencia a la contratación de ACIES Abogados (nueve adjudicaciones directas) y a Barrondo Lacarra (cuatro más). En total, hay pagos por valor de 44.500,06 euros con minutas que van desde los 121 euros hasta los 9.771,96. Explican los técnicos que la relación con este bufete es “reiterada” desde “finales de 2018”. Hay una “completa inadecuación” de la forma del contrato menor o directo, ya que llega tras un “evidente fraccionamiento del objeto de un único contrato”. Ponen como ejemplo que se les paga cada vez que un mismo caso pasa de una instancia a otra cuando está claro que es un mismo expediente “único e indistinguible”. Se da la circunstancia de que uno de los fundadores de ACIES abogados y máximo responsable hasta su reciente jubilación fue Iñaki Goikoetxeta, que fue miembro del Euzkadi Buru Batzar del PNV hasta 2016 y también patrono de la fundación vinculada al partido, la Sabino Arana.

Iparbilbao Abogados (Roca Junyent) ha facturado 44.528 euros a través de los letrados Félix Mercado y Javier Cortázar, según otro informe de reparo también de noviembre de 2021. En este caso es contratista habitual “desde finales de 2019” y también se incurre en “fraccionamiento” hasta el punto de que ha acumulado “ocho contratos menores en un plazo de poco más de año y medio”. La Intervención considera “relevante y significativo” que la hubiera una contratación el 18 de junio de 2021 cuando los servicios pagados son “casi siete meses anteriores”.

Finalmente, el último informe de reparo recae sobre las relaciones de Barakaldo con Cuatrecasas, una de las firmas más conocidas y que en Euskadi tiene cercanía con el PNV. Por ejemplo, este bufete ha liderado la defensa de Alfredo de Miguel, exdirigente del partido en Álava condenado ya por corrupción en primera instancia y pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo. La cuantía facturada con esta compañía es de 26.620 euros y el informe advierte de que algunas facturas se justifican no en documentación sino en “conversaciones”. Se detalla también la celeridad para cerrar los pagos en fin de año en un proceso en el que “no consta la tramitación de expediente alguno con carácter previo” o “informe favorable” sobre la “adecuación” del servicio. Los funcionarios dan a entender que Cuatrecasas cobró por la vía de los hechos, esto es, autoadjudicándose el trabajo y luego pasando los honorarios para cobrarlos. Así, “el Ayuntamiento acaba pagando por uno servicios acerca de los que en ningún caso se acredita que hubieran de ser encomendados externamente”.

Solamente se menciona en el caso de Cuatrecasas, pero la Intervención deja claro que las empresas beneficiarias de estos contratos son corresponsables de la situación. “El contratista que consiente una irregular actuación administrativa, prestando por su parte unos servicios sin la necesaria cobertura jurídica y sin oposición alguna, se constituye en copartícipe del vicio de nulidad de que el contrato pueda adolecer”, se puede leer. Y se añade: “Resulta difícil presumir que el tercer emisor de la factura, un despacho de abogados de reconocido prestigio, desconociera la [...] tramitación llevada a cabo”.

Los documentos, eso sí, admiten que por normativa europea las contrataciones específicas de abogados

Este tipo de informes son conocidos como “reparos suspensivos” y paralizan temporalmente los pagos. Sin embargo, políticamente pueden ser levantados y autorizadas las facturas. Ha ocurrido de manera reiterada en Hondarribia (Gipuzkoa) con decenas de avisos de este tipo a las contrataciones a las empresas del grupo Montai, propiedad de un cargo del PNV, Aitor Elorza. En Barakaldo, cuarta localidad vasca en población, con el visto bueno del pleno municipal ya se autorizó el pago de 35.715,40 euros a ACIES Abogados después del pasado verano. Y, en Navidad, PNV y PSE-EE también dieron luz verde a una operación urbanística vinculada a la antigua Altos Hornos a pesar de las dudas de la Intervención.

“Absolutamente legal”, dice la Alcaldía

Desde la Alcaldía, se explica que “los contratos menores son perfectamente legales y reconocidos por la ley de contratos del Estado”. Fuentes municipales ponen como ejemplo que el ministro de Unidas Podemos Alberto Garzón adjudicó un informe “a través de un contrato menor de 12.000 euros a un bufete de abogados que podía haber realizado la unidad de abogados con la que cuenta su Ministerio”. “El ministro puede permitirse este tipo de contrataciones, porque son legales. Si lo hace todo un Ministerio del Estado que cuenta con una unidad completa de abogados y juristas podrá entenderse que esa práctica es absolutamente legal y ajustada a procedimiento también en los ayuntamientos. Un Ayuntamiento con el tamaño como el de Barakaldo y con dos personas dedicadas a esos menesteres necesita el apoyo de gabinetes externos no sólo por la complejidad y especialización de algunos casos sino por volumen de trabajo”, explican desde Barakaldo. Y añaden: “Cuando llega un nuevo caso suelen aportar veinte días para presentar recurso o respuesta, por lo que un contrato mayor (con un concurso público abierto) no sería posible. Por eso en estos casos el personal técnico de las diferentes áreas municipales opta por los contratos menores”.

Por otro lado, indican que “no ha habido ninguna factura que haya quedado sin abono, porque todas cuentan con el aval técnico de las áreas correspondientes y, lo que es más importante, por el secretario municipal responsable del cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento”. “Los reparos van acompañados de un informe del personal técnico de las diferentes áreas que resuelve las discrepancias. En definitiva los expedientes para contratar y pagar abogados no los hacen los políticos, sino los técnicos competentes”, sostienen las fuentes consultadas. Desde el Ayuntamiento se especifica que “se está actuando con la máxima transparencia”. Desde que el PNV accedió en 2015 a la Alcaldía “se da cuenta en pleno de todos los informes de reparo y se informa a la oposición de los contratos de los que soliciten aclaración”.