La investigación judicial de las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) llevadas a cabo en la primavera de 2018 vuelve a retomarse este lunes tras un parón (otro más en la causa) de tres meses. Entre este lunes y este miércoles -el martes es festivo- comparecerán en el Palacio de Justicia de Vitoria ante la instructora Ana Jesús Zulueta siete nuevos testigos y una imputada, que es la sexta en la causa. La investigada es Covadonga Fernández Maiztegui, que fue presidenta del tribunal de Neurocirugía.
En 2018, este periódico publicó que en esa especialidad las mejores notas recayeron en los colegas del autor de las preguntas, el doctor José Antonio Elexpuru. El porqué de la imputación de Fernández Maiztegui es que se realizó una exposición oral de las respuestas, lo que quebró el anonimato de los aspirantes. Es algo que también sucedió en Urología. En realidad, el patrón de calificaciones en este examen se repitió en otras muchas especialidades. Así, los otros imputados son los responsables de parte de las pruebas de Anestesia (César Augusto Valero), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología) y José Luis Cabriada (Digestivo). Se investigan también, aunque de momento sin imputaciones, categorías como Traumatología -el vocal Enrique Uriarte manifestó que los mejores cuestionarios eran “fotocopias” entre sí y respecto a la plantilla de corrección- o Cardiología, donde hasta dos miembros del tribunal denuncian la existencia de anomalías. Igualmente, se está analizando la situación en Cirugía Plástica, en la que la mejor opositora era allegada del autor del examen pero renunció a la nota tras realizar la prueba.
La causa judicial en relación a la OPE ha tenido altibajos. En estos dos años y medio ha habido un cambio de juez instructora, ya que la titular del juzgado estaba reforzando la Audiencia Provincial de Álava por el macrojuicio de corrupción del 'caso De Miguel'. Después se han producido parones de meses y suspensiones de declaraciones por citaciones poco concretas. Incluso un episodio rocambolesco por el cual la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, burló a la prensa con ayuda de un comisario y dos ertzainas. En otras causas que ya se están resolviendo estas circunstancias han sido calificadas como dilaciones indebidas y están motivando rebajas en las penas.
Finalmente, justo a la vuelta de las vacaciones de verano se fijó un calendario en dos tandas pero, realizada la primera justo en el arranque de septiembre, la segunda se tuvo que posponer por un positivo de COVID-19 de una de las personas que tenía que estar presente en las declaraciones. Son las declaraciones que se retoman ahora en diciembre. El grueso de ellas han sido solicitadas por el sindicato LAB, personado como acusación popular. La central, que también ha solicitado pruebas documentales que poco a poco ya se van incorporando al sumario, asegura que su trabajo está permitiendo dar “impulso” a esta investigación. Pese al escaso eco que tuvieron las declaraciones de septiembre -incluso algunas de las partes personadas ni acudió a las comparecencias- algunas de ellas dejaron constancia de las irregularidades en los exámenes. Un vocal del tribunal de Angiología, por ejemplo, testificó que “el examen se concibió para ello”, para premiar a unos pocos elegidos por los autores de las preguntas.
En un comunicado, el otro sindicato personado en la causa, ESK, ha remarcado que en noviembre de 2019 solicitaron la investigación de Neurocirugía y Neurofisiología, a modo de ampliación de la denuncia que cursaron en 2018. La central ha emplazado a la nueva consejera de Salud, Gotzone Sagardui, a que adopte un “compromiso claro” contra estas prácticas. Su predecesora, Nekane Murga, llegó al cargo precisamente por la dimisión del consejero Jon Darpón a raíz de un caso que se llevó por delante, igualmente, a la responsable de Osakidetza, Múgica, y a su responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto.
elDiario.es/Euskadi
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