El laberinto del IMV en Euskadi: una transferencia que no llega, un ministro que no se mueve y perceptores devolviendo dinero hasta 2026

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) surgió en 2020 a la vez como una de las medidas sociales estrella del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y como uno de los planes de choque contra la crisis motivada por la COVID-19. Es el primer intento en España de disponer de una renta mínima general contra la pobreza en la línea de otros países europeos. Un año después, el Estado ha empezado a abonar en Euskadi las prestaciones reconocidas y los atrasos acumulados desde la solicitud. En muchos casos, han llegado a personas que ya eran titulares de la prestación autonómica preexistente, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Así las cosas, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), que es el encargado de gestionar la RGI y transitoriamente el IMV, ha tomado la decisión “política” de recuperar esos ingresos duplicados no de una tacada como si fueran cobros “indebidos” sino en cuotas durante 60 meses, lo que técnicamente se conoce como la recuperación de ingresos “atípicos”. Sin embargo, según las fuentes consultadas, está reclamando también el dinero abonado por el Estado a personas que previamente no eran titulares de la RGI, con lo que verían reducidos sus recursos de manera injusta.

La gestión del IMV en Euskadi es doblemente compleja. Por un lado, por la cohabitación con un sistema propio y muy desarrollado desde 2008 que, en muchos supuestos, es más garantista que el estatal. Prácticamente la única excepción es para las familias con más de dos hijos a su cargo, ya que el IMV sí va creciendo en función del número de descendientes a cargo mientras que la RGI está limitada, aunque ya se ha presentado una reforma para modificarlo. Y, por otro lado, porque el cruce con los datos de rentas e ingresos no se hace con la Agencia Tributaria, sino con las Haciendas forales. Esto hace que poner cifras concretas a lo que ocurre con los expedientes sea una casi misión imposible.

Para evitar las disfunciones, desde el 8 de septiembre de 2020, Lanbide se ha convertido de manera transitoria en una ventanilla de acceso al IMV mediante una “encomienda de gestión” de la Seguridad Social. Se trata de que los perceptores solicitantes de prestaciones vayan a un único punto de atención y que sea la Administración la que, de oficio, determine si pasa al sistema de RGI o de IMV. Pero es un apaño temporal, ya que la Seguridad Social sigue siendo la encargada de dar luz verde a su parte. El Gobierno central pactó con el PNV en el Congreso la transferencia “íntegra” del IMV, lo que supondría que el Estado ya no se encargaría de autorizar y abonar los expedientes que le pasa Lanbide, sino que toda la gestión la haría comunidad autónoma y luego se liquidarían los saldos mediante el sistema de Cupo del Concierto Económico, como con el resto de servicios del Estado. En Navarra se ha diseñado un modelo similar.

Dentro de la coalición de Gobierno en Euskadi, los socialistas lideran la cartera de Trabajo y Empleo, a cuyo frente está la vicelehendakari y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y defienden también esta transferencia con vehemencia. Se trata de que los dos sistemas de protección se sumen y garanticen un umbral de recursos a los perceptores sin que ellos perciban que cobran de dos cajas diferentes. “No hay un doble derecho. Hay un único derecho a un mínimo de ingresos. Pedimos la transferencia íntegra para evitar este follón. Vienes a mi ventanilla y yo ya me apaño con el Estado”, explican fuentes de Lanbide sobre el modelo que se persigue.

Enfrente, en Madrid, el ministro que lidera la gestión del IMV es el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El ex de la Airef ha sido puesto en la diana del PNV y también el PSE-EE recela de él. “Lanbide no es una sucursal”, se quejó Mendia en el Parlamento Vasco, empleando términos similares a los de sus socios nacionalistas. Sostienen que el equipo de Escrivá está bloqueando la transferencia y dificultando enormemente la atención a los afectados. La profunda remodelación del Gobierno no ha supuesto la salida de Escrivá deseada por muchos en el Ejecutivo autonómico y, sin embargo, sí hay un cambio en la cartera de Política Territorial, en la que Miquel Iceta se había convertido en interlocutor para el desarrollo del Estatuto, como se reflejó en la histórica firma del traspaso de Prisiones. Ahora aterriza Isabel Rodríguez en la responsabilidad, cuarta ministra del ramo en tres años de Pedro Sánchez en La Moncloa.

Este domingo, en 'Deia', el líder del PNV, Andoni Ortuzar, ha sido claro: “Con Escrivá tenemos una discrepancia global, dura y fuerte que, si sigue así, se convertirá en una discrepancia dura, global y fuerte con Pedro Sánchez. No le puedo decir a Sánchez cuáles tienen que ser sus ministros. Sí le puedo decir cuáles son las cláusulas de comodidad y las condiciones que el PNV pone para que la relación política que tenemos funcione bien. Yo no esperaba el cambio de Escrivá porque es amigo personal de Sánchez. También sé que llegará el momento en que esto va a terminar en la mesa de Pedro Sánchez. Entonces vendrá el momento clave de ver si hay o no hay una interlocución especial con el PNV o persiste la crisis”.

En lo tocante a los perceptores vascos del IMV -en marzo había 12.519 solicitudes en cola-, en las últimas semanas han empezado a llegar los abonos de los atrasos. Paga la Seguridad Social y de una tacada. Si antes eran perceptores de la RGI, como la prestación autonómica ya les garantizaba un mínimo de ingresos que ya había sido efectuado, ahora se han encontrado con un pago duplicado. La solución “menos gravosa” que ha encontrado Lanbide es considerar este abono como si fuera un premio de la lotería o cualquier ingreso extraordinario. En su protocolo interno se consideran “ingresos atípicos” y se devuelven en cuotas durante 60 meses. En cifras, quien haya recibido 3.000 euros de atrasos, verá descontada en su RGI hasta el verano de 2026 una cantidad de 50 euros mensuales. Según Lanbide, sería mucho más “brutal” pedir el dinero de golpe a estas personas como si fuera un “ingreso indebido”, que además en los últimos años ha adquirido la connotación de estar vinculado al fraude, extremo que no es así en la mayoría de supuestos.

Pero toda solución comporta problemas. Quienes conocen el funcionamiento interno del IMV y de la RGI explican que la reclamación en 60 cuotas ha llegado también a personas que pidieron la prestación estatal sin estar dentro del sistema de la RGI en aquel momento, aunque ahora sí lo estén. De ese modo, Lanbide quiere apropiarse de un derecho reconocido por otra Administración, aunque se haya pagado con retraso. Por otro lado, aunque no llegan al millar, hay personas que han salido de la RGI porque el IMV es más alto para ellas, en esencia familias numerosas. Al no seguir ya en nómina de Lanbide, no se les puede exigir ninguna devolución “atípica”. Explica el Gobierno vasco que, si vuelven al sistema, se encontrarán con que tienen una deuda que afrontar.

Argilan-ESK, entidad que colabora con personas perceptoras de prestaciones sociales, recuerda que el sistema de Lanbide tiene límites y que los pagos considerados “indebidos”, por ejemplo, no se pueden reclamar si han pasado ya cuatro años. Y no es reglamento propio de la RGI o del IMV, sino una previsión general de la normativa de Hacienda de 1997 en relación con la devolución de cualquier tipo de subvención o ayuda pública. De hecho, se abrió una causa penal contra el exdirector del organismo, Jon Uriarte (PNV), por haber activado reintegros de abonos de ocho años atrás. Argilan-ESK cifró en 2.668 las comunicaciones de reintegro de más de cuatro años de antigüedad que tramitó Lanbide durante el mandato de Uriarte.

Familias con tres hijos: cuando el IMV es más alto con la RGI

A finales de mayo, eran 53.386 los perceptores totales de RGI en Euskadi. De ellos, 12.784 usan la prestación como complementos de sus pensiones bajas de la Seguridad Social. Ése es justamente el modelo que defiende Escrivá y que no comparte el Gobierno. En este caso, el Estado fija para ellos unas cuantías y, como la comunidad autónoma ofrece una mayor cobertura, la diferencia la abona con cargo a fondos de Lanbide. Sin embargo, lo que aquí tiene sentido por ser personas con una situación vital estática, con el IMV se convierte en caótico porque los perceptores entran y salen cuando encuentran trabajo y los integrantes de su unidad de convivencia pueden cambiar. El reto de gestión es mucho mayor porque la RGI complementa también salarios bajos, lo que supone un seguimiento mensual de todas las rentas para que ese complemento no sea ni más bajo ni más alto que lo establecido. Es la principal fuente generadora de esos “indebidos”. Precisamente la concepción original del IMV entorpecía enormemente esta gestión, ya que vinculaba la cuantía a la declaración del IRPF del año anterior. Así, alguien que se queda sin recursos en enero de 2021 no vería reflejada esta situación hasta los impuestos que se liquidan en la primavera de 2022.

15.992 de los beneficiarios de la RGI en el último recuento eran extranjeros. Algunos, incluso, no tienen residencia efectiva en España, ya que lo se mide es el empadronamiento. Es otra de las diferencias con el IMV, que sí que exige tener la documentación durante al menos un año. En el otro lado, según una respuesta enviada en junio por Mendia al Parlamento a instancias de la representante de EH Bildu María Garde, hay 1.249 unidades de convivencia con tres menores al cargo. Ahí, el IMV garantiza 1.015 euros mensuales mientras que la RGI se queda en 1.003,14 euros. La RGI vasca, aunque de las más altas de entre las rentas autonómicas con la de Navarra, lo sería más de no haber sido sometida a recortes durante la anterior crisis. La prestación básica en 2021 es de 706,12 euros para una persona sola. Sin embargo, si no se hubiera desvinculado la RGI del salario mínimo interprofesional (SMI) cuando este empezó a subir o y se no se habieran introducido rebajas lineales del 7% desde 2011, en 2020 esa cuantía ya estaría en 924 euros.