Lanbide encara el retraso de 7.828 complementos de ERTE a trabajadores con pocos ingresos y la interconexión del ingreso mínimo con la RGI

La nueva vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, ha llegado al Gobierno en medio de la tormenta económica generada por la pandemia y con dos 'patatas calientes', la gestión de los ERTE y los retrasos de los complementos autonómicos prometidos -que afectan a 7.828 personas como mínimo- y, por otro lado, la interconexión efectiva del nuevo ingreso mínimo vital (IMV) con la prestación preexistente, la renta de garantía de ingresos (RGI). En este contexto, el Ejecutivo ha recibido con alivio que septiembre haya sido el primer mes desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en que se ha creado empleo -baja el paro y crece la afiliación a la Seguridad Social-.

En cuanto a los ERTE, el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido el “retraso” en el abono de la ayuda de 150 euros prometidas a todos los trabajadores afectados con rentas anuales inferiores a 20.000 euros cuando el principal partido de la oposición, EH Bildu, ha denunciado esta situación. Tanto Presidencia como el área de Trabajo y Empleo señalan a un retraso en la comunicación de datos entre el servicio de empleo estatal (SEPE, el antiguo Inem) y el vasco (Lanbide) como justificación de estas demoras. Explican en el Ejecutivo de PNV y PSE-EE que el SEPE cierra los datos de julio en agosto y que los comunica al mes siguiente a Lanbide. “No es excusa y, de hecho, una de las primeras cosas que ha hecho la nueva directora general [Gloria Múgica] es ponerse en contacto con el SEPE para ver cómo se puede agilizar esa transmisión de datos”, indican desde el Departamento de Mendia.

La previsión es que “en este mes de octubre” las 7.828 personas que tenían pendiente ese cobro -a fecha de 29 de septiembre- puedan recibirlo al fin. La mesa de diálogo social de Euskadi -de la que se ha descolgado la mayoría sindical conformada por ELA y LAB- ha decidido prorrogar estos complementos en la misma medida en que se mantenga el ERTE como mecanismo de flexibilidad durante la pandemia. Son finalmente 188.488 los trabajadores afectados por estas regulaciones temporales. ¿En qué situación se encuentran? El 84% ya había recuperado la normalidad -de nuevo a 29 de septiembre-, es decir, 158.152 personas. Sin embargo, 8.149 (4%) han acabado engrosando las listas del paro. El 12% de los afectados continúan en ERTE, 22.187 personas de sectores como los viajes, la hostelería, el transporte aéreo o las empresas audiovisuales. “La crisis es extraordinariamente dura pero los ERTE han conseguido sostener hasta hoy el 96% de los puestos de trabajo”, argumenta el equipo de Mendia.

La otra gran palanca económica activada durante la pandemia ha sido el ingreso mínimo vital (IMV), un salario social para cubrir unas necesidades básicas. En el caso vasco, se solapa en buena medida con la herramienta propia, la renta de garantía de ingresos (RGI). El acuerdo político entre el PNV y el Gobierno de España fue que Euskadi gestionara esta nueva prestación pero que el Estado cubriera financieramente la parte correspondiente al IMV como en cualquier comunidad autónoma y que Euskadi atendiera las coberturas adicionales que se pudieran prever. En casi todos los supuestos, la RGI es más elevada que el IMV.

A falta de la transferencia definitiva de la gestión -los Gobiernos central y vasco tienen pendiente sentarse para ajustar de nuevo el calendario para el desarrollo del Estatuto de autonomía-, desde el 1 de septiembre es efectiva una “encomienda de gestión” por la cual Lanbide ya tramita el IMV. Desde ese momento, apenas 296 personas han solicitado la nueva prestación. Algunas fuentes apuntan a 10.000 solicitudes recibidas directamente en la Seguridad Social desde Euskadi antes del cambio de gestor. No obstante, desde el Gobierno vasco apuntan que la mayoría quedaría cubierta por la RGI por lo que no creen que haya una gran bolsa de solicitantes sin haber cobrado las ayudas. Lanbide, que cuenta con una plantilla de 938 efectivos, ha reforzado su estructura con un centenar de personas de apoyo para “agilizar” todos los trámites, según el Gobierno.