Ljadra Said, nueva ciudadana española secuestrada en el Sáhara

“Me tienen encerrada”. Ljadra Said Hannuha logró pedir auxilio hace unas semanas. El mensaje iba dirigido a sus amigos del País Vasco. La joven española de 19 años, de origen saharaui y residente en Deba (Gipuzkoa), le pedía a sus amigos que acudieran a la Policía y denunciaran que su propia familia la había secuestrado en su tierra natal. Así consta en la denuncia interpuesta en la Ertzaintza a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

Según figura en la denuncia, Ljadra se encuentra secuestrada por su familia, que la quiere obligar “a contraer matrimonio”, tras siete meses de retención ilegal en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia). La chica de nacionalidad española se marchó de vacaciones al Sáhara con su madre para visitar a sus familiares. La estancia debería haber durado un mes. Sin embargo, cuando quiso regresar a España, sus familiares la retuvieron, retirándole el pasaporte y su teléfono móvil.

Hasta el 25 de mayo no pudo dar la primera voz de alarma. Aprovechó que su hermano había regresado a España, para comunicarse con una amiga española. Lo hizo a través del teléfono y la cuenta de Facebook de una amiga saharaui. “No he salido de casa hasta hoy”, confesaba en el mensaje. La ciudadana española denunciaba que su hermano le ha estado “pegando palizas”, la tiene “encerrada e incomunicada” y le pide a la amiga que se ponga en contacto con su amigo Pablo para que denuncie su secuestro ante“ la Policía”.

“Jura que me va a matar”

Pablo acudió el 9 de junio a la comisaría de la Erztaintza en Eibar para denunciar que su amiga Ljadra estaba secuestrada en un país extranjero y que su familia saharaui le estaba “buscando un marido para casarla” en matrimonio forzado. El 7 de julio, Pablo y otras amigas de la víctima organizaron una rueda de prensa y una manifestación para denunciar el secuestro.

Tras hacerse público su caso, la joven volvió a ponerse en contacto con Pablo para pedirle que retirara la denuncia. Temía represalias por parte de su secuestrador. Como consta en la ampliación de la denuncia, su hermano la había amenazado de muerte “Jura que me va a matar”, sentenciaba.

La Delegación Saharaui de Euskadi afirma que han “puesto el caso en conocimiento de nuestras autoridades en los campamentos (saharauis) para averiguar en qué situación se encuentra. Los primeros pasos que hemos dado han sido intentar que el hermano le devuelva su documentación. Tenemos que hablar con la chica y con los familiares y tratar de persuadir a la familia de que, si la chica tiene la voluntad de viajar, le facilite eso en el menor tiempo posible”.

El responsable de dicha delegación, Abdullah Arabi, indica que “es una situación compleja de entender. Nadie niega que se trate de una violación de derechos humanos, si realmente su voluntad es viajar hacia donde quiera. Como Frente Polisario y Estado Saharaui estamos a favor de que cualquier persona que se quiera mover, lo haga con total libertad”.

Y añade que “arrastramos todavía una serie de tradiciones que no concuerdan con lo que defendemos como Estado: los derechos humanos y su libertad personal. Hay familias a las que les cuesta entender esto y se aferran a las tradiciones. Nuestro papel es hacerles entender que eso no concuerda con los valores por los que estamos luchando”.

“Una familia desestructurada y conflictiva”

Eva es amiga de Ljadra desde hace cinco años, fecha en la que la adolescente se mudó al País Vasco, tras haber vivido en otros puntos de España. Corrobora por teléfono que su amiga se encuentra retenida ilegalmente y contra su voluntad a manos de su propia familia. En declaraciones a eldiarionorte.es, Eva asegura que su amiga procede de “una familia desestructurada y conflictiva. Sus padres están divorciados y viven en dos pueblos de Gipuzkoa y Bizkaia. Son siete hermanos, ella vivía con dos de sus hermanas y su madre, mientras que sus hermanos viven repartidos por España, Francia y Marruecos”.

Eva es amiga de las dos hermanas: Luara, que tiene 22 años, y Ljadra, que cumple 20 años el próximo 25 de agosto. Ambas se encuentran en los campamentos saharauis. “Ella me decía que no estaba a gusto allí. Un día vi en una foto (de Facebook) que tenía una alianza en la mano, pero no me contó nada. En mayo ya me dijo que su hermano la tenía encerrada y que la iban a obligar a casarse”, explica.

Durante su retención, Ljadra ha recibido la visita de otros familiares, que la han amenazado de muerte y la han culpado de estar “deshonrando a la familia”. Su amiga de Deba asegura que la ve “muy asustada y tan nerviosa que no puede dormir por la noche. No está nada bien y se quiere volver a España lo antes posible”.

“El Frente Polisario debe hacer cumplir la ley”

El de Ljadra Said no es un caso aislado. El colectivo La libertad es su derecho, La libertad es su derechoque defiende la liberación de otras mujeres en la misma situación que la ciudadana vasca, asegura que está “informado del caso y que está documentándolo para incorporarlo, si fuera preciso, en todas sus acciones diplomáticas, comunicativas y políticas. Es un caso que nos preocupa especialmente, por ser una ciudadana española muy joven”.

Desde la plataforma ciudadana, que aglutina a familias que han denunciado casos similares, aseguran que “el asunto del matrimonio forzado es demasiado serio como para que el Gobierno no tome cartas en el asunto inmediatamente. Creemos que es fundamental que se expulse a los delegados del Frente Polisario que están en España, mientras siga habiendo ciudadanas españolas retenidas contra su voluntad en los campamentos saharauis”.

Elisa Pavón, portavoz de este colectivo, sostiene que el “Frente Polisario no tiene que mediar, esa no es su función. Es la autoridad en los campamentos y, por ello, debe hacer cumplir sus propias leyes, liberando a las mujeres secuestradas y retenidas contra su voluntad y deteniendo, juzgando y castigando a los autores de estas violaciones de derechos humanos. Siguen insistiendo en que es un problema de familias vinculado a tradición, pero no es cierto. Son delitos, claramente violencia de genero, y ante eso sólo cabe la ley”.

Y añade que “si realmente quieren terminar con estas prácticas discriminatorias, que actúen y sienten precedente para que ninguna familia pueda creerse propietaria de sus hijas”.

Denuncias en el Parlamento Europeo

El 19 de junio de este año, el Parlamento Europeo exigió por unanimidad que cinco mujeres en la misma situación fueran puestas en libertad inmediatamente. El caso más sonado de los últimos años ha sido el de Maloma Morales, ciudadana española residente en Mairena del Aljarafe (Sevilla), que lleva secuestrada desde diciembre de 2015 y ha sido sometida a un matrimonio forzado. El mes pasado, la Comisión de Peticiones del Parlamento atendió la solicitud del colectivo La libertad es su derecho. para que las instituciones europeas actuaran contra esta violación de los derechos humanos.

El órgano legislativo le solicitó al Gobierno español que presionara a Argelia para liberar a ciudadanas europeas como Maloma, Hyeiba El Couri o Koria Badbad y mujeres con permiso de residencia en España como Darya Embarek o Nayiba Mohamed. La presidenta de la comisión, Cecilia Wikström, le envió una carta a Federica Mogherini, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para que “interceda, haga de mediadora y mantenga la presión en cualquier contacto”.