Los movimientos de presos de ETA (que se iniciaron en 2018) se cuelan ahora en el debate sobre los presupuestos de Sánchez
Semanalmente, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que a pesar de su denominación no es ni mucho menos la única que representa a los familiares de los asesinados por ETA en España, mantiene actualizado un recuento de presos de la organización terrorista inactiva desde 2011 y desaparecida en 2018 que el Gobierno de Pedro Sánchez envía a cárceles del entorno del País Vasco desde zonas más lejanas. “Son ya 99 los etarras beneficiados por la nueva política de Sánchez”, enfatiza la AVT, que habla de 109 movimientos en total –algunos han tenido varios– y de que 29 de ellos acumulan delitos de sangre. Es el balance de una “infamia”, el “pago semanal de presos por Presupuestos Generales del Estado”, asegura la AVT sobre el acuerdo económico del Ejecutivo con EH Bildu.
“Todo parece que es ETA en el Congreso”, ironiza en una entrevista con este periódico la secretaria general de EA, uno de los partidos integrantes de la coalición abertzale. “¿Alguien piensa que los técnicos del Ministerio de Hacienda vienen a las oficinas de EH Bildu a hablar de presos?”, se preguntaban la pasada semana otras fuentes de la formación consultadas por este periódico. En las 56 páginas de enmiendas presentadas por los diputados abertzales a los presupuestos del Gobierno de Sánchez no se hace mención a la política penitenciaria. Es más, el PNV ha cargado contra ellas porque “plagia” la agenda de los nacionalistas en temas sectoriales varios.
¿Hay una agenda oculta de presos por presupuestos? El PNV –que lleva semanas reivindicando su protagonismo e influencia en Madrid frente a quien considera unos recién llegados– lo ha sugerido en alguna ocasión. La última, el propio Andoni Ortuzar en una entrevista a ‘El Correo’: “Te da qué pensar”. El PP lo afirma abiertamente. “No nos cabe ninguna duda. Es la alianza de EH Bildu con el Gobierno”, asegura Carmelo Barrio, portavoz 'popular' en el Parlamento Vasco.
Se ha pasado de una estrategia penitenciaria, si se quiere, a una estrategia de intercambio político, de contraprestaciones políticas
El delegado del Ejecutivo de Sánchez en Euskadi es, desde principios de 2020, el socialista guipuzcoano Denis Itxaso. En una respuesta escrita a este periódico asegura que, “terminado el terrorismo, con la derrota y desarticulación de ETA hay que seguir con la tarea de reinserción y resocialización de los presos”. Y añade: “La legalidad penitenciaria lo que indica es que cuando un preso reconoce el daño causado y explicita que quiere reinsertarse y que, de alguna manera, muestra algún tipo de arrepentimiento, tiene derecho a un tratamiento individualizado que reconozca esos avances sin merma alguna de su pena”.
En los movimientos concurren dos circunstancias. Una es que la disolución de ETA elimina uno de los basamentos de la dispersión, evitar agrupaciones de presos en los mismos centros penitenciarios. La segunda es que el colectivo de presos oficial (conocido por sus siglas en euskera EPPK y que se autodefine como “presos políticos”) no acepta la colaboración con la Justicia en el sentido de delación pero sí acata la legalidad para avanzar en grados y beneficios. Es algo por lo que llegó a expulsar del colectivo a exterroristas en el pasado. De hecho, el EPPK despreció a quienes se sumaron a la 'vía Nanclares', que toma su nombre de la antigua cárcel de Álava en la que acabaron quienes optaron por desmarcarse de ETA. Hay un tercer grupo de presos en torno a los disidentes de ATA y que mantienen la misma línea dura del pasado. Son una minoría.
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana del dirigente del PP Gregorio Ordóñez, asiste “alucinada” a este debate sobre los presos de ETA. “Es una polémica inventada e interesada”, asegura. Explica que el Gobierno de Sánchez no hace nada distinto a los anteriores. Recuerda los acercamientos de Mariano Rajoy, 40 “con los mismos criterios” que ahora, y que los hubo con José Luis Rodríguez Zapatero e incluso con José María Aznar, entonces con ETA muy activa. Ordóñez explica que cuando el exjuez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska llegó a Interior en el verano de 2018 ya se les trasladó cuál iba a ser la política que se practicaría. “Están diciendo que esto tiene que ver con los presupuestos cuando lleva desde julio de 2018. Alucino en colores”, se enfada la responsable de Covite. Añade, además, que Interior envía una comunicación semanal con los movimientos a todas las asociaciones de víctimas, algo que no existía con anterioridad.
Una celda con un barrote en Sevilla es la misma con el mismo barrote en Martutene. Que nos dejen en paz, que no nos manoseen
“Nosotros nunca nos hemos opuesto –abunda–. Mi preocupación es que los que llegan a una cárcel vasca hayan dado el primer paso del camino de la reinserción, que se estén desmarcando de ETA”. La mayoría son instalados en centros del entorno, La Rioja, Cantabria, Aragón o Castilla y León. “Lo mismo que no es derecho de los asesinos elegir cárcel no lo es de las víctimas elegir la cárcel de sus asesinos”, añade Ordóñez. Y zanja: “La postura de Covite es la de siempre. La de siempre. Lo que no hemos criticado al Gobierno de Rajoy no lo vamos a criticar a este”.
“Una celda con un barrote en Sevilla es la misma con el mismo barrote en Martutene. Cuando ETA nos hacía sufrir, se hicieron acercamientos. El que más hizo de todos fue Aznar en el año 2000. En fin, la polémica no es por el acercamiento. Es porque el PP utiliza este comodín simplemente para desgastar al Gobierno. Cuando los socialistas gobiernan, entonces el PP saca todas las baterías”, argumenta Gorka Landaburu, víctima directa de ETA. E implora: “Las víctimas somos plurales como la propia sociedad. Que nos dejen en paz, que no nos manoseen”.
El PP matiza que las políticas de ahora son diferentes. “En las legislaturas del PP nunca ha habido reagrupamiento. Ha habido algunos movimientos, sí, pero lo que hay que temer es el reagrupamiento del colectivo. Se ha pasado de una estrategia penitenciaria, si se quiere, a una estrategia de intercambio político, de contraprestaciones políticas”, explica Carmelo Barrio. El delegado del Gobierno responde que, “mientras ha durado el terrorismo, la política penitenciaria se ha empleado en la lucha antiterrorista porque se entendía que la dispersión y la separación de los presos, el hecho de que no estuvieran juntos y que permaneciesen lejos de sus entornos, podía ayudar”. Asegura que “la serie ‘Patria’ demuestra, aunque sea a través de la ficción, que el entorno familiar ejercía en aquella época una presión sobre el preso que obstaculizaba su proceso de reinserción”.
El debate sobre la política penitenciaria se repetirá en los próximos meses. Según el acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo vasco de Iñigo Urkullu, en diciembre ha de iniciarse la negociación para que en marzo sea efectiva la transferencia de Prisiones a Euskadi. La única comunidad autónoma que la ha logrado es Catalunya. En principio, el traspaso solamente incluye edificios y funcionarios, ya que la política penitenciaria se legisla desde el Estado y, en última instancia, la supervisan los tribunales. Covite, en cambio, interpreta que el control de los informes que se envían a los jueces de vigilancia puede ser decisivo para mejorar la posición de los presos de ETA, al igual que entienden que lo está siendo en las cárceles catalanes con los dirigentes condenados en el 'procés'. Quien será consejera responsable de la nueva competencia, la titular de Igualdad, Justicia y Derechos Sociales, Beatriz Artolazabal, ha prometido ya que se seguirán criterios técnicos y no políticos.
Terminado el terrorismo, con la derrota y desarticulación de ETA hay que seguir con la tarea de reinserción y resocialización de los presos
La población reclusa de Euskadi era de 1.314 personas a diciembre de 2018), a los que se sumarían otras 824 vascos repartidos en prisiones del resto de España, según EH Bildu. Desde esa fecha, en el caso de los reos condenados por terrorismo se han producido excarcelaciones. Hay muchos en este grupo que no guardan relación con ETA y su situación siempre ha estado fuera de todo debate político y penitenciario. La red penitenciaria vasca, que tiene un presupuesto anual de unos 22,3 millones de euros para su mantenimiento y es gestionada por 600 funcionarios, tiene en Zaballa (Álava) su mayor establecimiento. Dispone de 720 celdas y 304 más complementarias, ocupadas aproximadamente al 50%. Algunos módulos completos están cerrados. Siguen operativas dos cárceles más antiguas, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia. Allí se prevé la construcción de un nuevo centro, Zubieta, cuyo presupuesto estimado supera los 40 millones. La vieja cárcel de Nanclares de la Oca –la que da nombre a la 'vía Nanclares'– es ahora un CIS, un centro destinado a la reinserción de presos en tercer grado.
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