Ningún municipio vasco aplica el canon a las viviendas vacías nueve años después de aprobarse por ley

Ningún municipio vasco ha implantado el canon a las viviendas vacías nueve años después de que la ley vasca de Vivienda incluyera esta tasa en su normativa, aunque fue en 2021 cuando el Gobierno vasco aprobó el decreto que lo desarrolló. Este canon supondría el pago de 10 euros por metro cuadrado, una cantidad que sería creciente en función de los años de desuso. La finalidad de esa medida era incentivar la salida al mercado de estas viviendas, pero, pese a que en estos momentos se habla desde todas las instituciones de emergencia desde el punto de vista habitacional, no hay ningún ayuntamiento que haya puesto en marcha esta medida, sea del color político que sea.

Fundamentalmente se argumenta desde los equipos de Gobierno de los consistorios la complejidad jurídica que supone definir cuáles son los pisos que se encuentran vacíos. En concreto, las viviendas desocupadas, para entenderse como tales, “deben permanecer vacías de forma continuada durante un tiempo superior a dos años desde la fecha en que la vivienda pudiera ser ocupada, salvo que concurra motivo que justifique su no utilización”. Estos motivos son: que sea viviendas de segunda residencia, y que se destinen por tanto a estancias temporales, el traslado de domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social, y situaciones equivalentes de carácter personal. También que la vivienda esté en rehabilitación que se haya sacado ya al mercado de venta o alquiler o que el estado del inmueble no reúna condiciones mínimas de habitabilidad.

¿Y cómo comprobar que está deshabitada? Pues los ayuntamientos se tienen que guiar de un lado, del padrón, y de otro, de la carencia de suministros o la falta de consumos de agua, gas o electricidad o el consumo inferior al mínimo que para uso residencial corresponde anualmente a una persona. Este consumo mínimo es la tercera parte del consumo medio anual de agua, electricidad o gas por persona de acuerdo con los datos facilitados respecto a la localidad en que se sitúan las viviendas, por las empresas suministradoras.

Esto supone una ardua labor de inspección por parte de los ayuntamientos que deben abrir un expediente por cada piso al que se le quiere aplicar el canon, lo que complica a los consistorios la aplicación de esta medida. Es por eso que de momento se están inclinando por aplicar recargos en el pago del IBI para las viviendas que se encuentran desocupadas. Es el caso de Donostia, Bilbao o más recientemente ha aprobado la medida el Ayuntamiento de Llodio.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, que desde su llegada al cargo hace constantes llamamientos a la colaboración activa de los ayuntamientos para atajar el problema de vivienda, ponía el pasado día 2 de octubre de nuevo sobre la mesa el canon a los pisos vacíos como una herramienta válida para conseguir movilizar los pisos vacíos. Durante la presentación de Errenteria como el primer municipio en declararse zona tensionada, abogó por implantar este canon como forma de sacar las viviendas al mercado, junto con la promoción del programa de alquiler como Bizigune, la división de viviendas grandes, la conversión de locales comerciales en hogares, o facilitar que las actividades profesionales se trasladen a las calles.

Sin embargo, hoy por hoy no es una cuestión que esté en la agenda de los consistorios. Por ejemplo, entre las capitales, Vitoria no se lo plantea, Donostia se da por satisfecha con el recargo del IBI en su nivel máximo a la vivienda vacía -y además considera que ese recargo sería incompatible con el canon- y en Bilbao, aunque la concejala de Vivienda, Yolanda Díez, no lo rechaza y dice que intentará ponerlo en marcha en esta legislatura, insiste en la complejidad de su aplicación, así que no parece que sea una medida a esperar, al menos antes de que estén en marcha las zonas tensionadas. “Es un problema de voluntad política”, dicen desde partidos como Elkarrekin. “Si hay voluntad política se puede aplicar y seguiremos insistiendo hasta que se ponga en marcha”, señala Ana Viñals de la coalición en Bilbao, que pide poner en foco en las posibles “viviendas vacías falseadas”, “que están desocupadas pero que esporádicamente hacen algún consumo para que parezca que no lo están”.

Fue precisamente la capital vizcaína la que tras aprobarse el decreto que desarrollaba la norma en 2021 parecía que sería la primera en aplicar el canon y aprobó la realización de un censo de vivienda vacía, pero los intentos quedaron sólo en eso, y está claro que ahora la opción es buscar otros caminos antes que la penalización que supone esta medida, más que nada porque tampoco está claro a cuántas viviendas se podría aplicar. De hecho, el consistorio de la capital bilbaína reconoce alrededor de 2.000 viviendas que carecen de empadronamiento y consumos. No obstante, en respuesta por escrito a Elkarrekin, señala que de ese total “no es posible conocer en cuántas podría aplicarse el canon dado que requiere el análisis de sus circunstancias particulares”.

Estas 2.000 viviendas vacías susceptibles de aplicárseles el canon en Bilbao tampoco casan con los datos del Gobierno vasco. Según se recoge en la Encuesta sobre el Uso de la vivienda, correspondiente a 2023, en Euskadi habría 25.450 viviendas 'gestionables', es decir deshabitadas desde hace más de dos años y excluidas ya las segundas residencias y las viviendas asociadas a traslados del domicilio por razones laborales, educativas, de salud, dependencia y las destinadas a emergencia social y que no están en el mercado de venta o de alquiler. 16.212 de esas viviendas estarían en Bizkaia y 4.290 en Bilbao, más del doble de la cifra que da el Ayuntamiento. En Gipuzkoa serían 5.128 vivienda, de las que 1.481 estarían en Donostia, y en Álava serían 4.109 de las que 1.063 corresponderían a Vitoria. No obstante, el Gobierno vasco tiene pendiente actualizar en breve estos datos.

El canon por vivienda vacía supondría que los propietarios de estas viviendas pagaría 10 euros por metro cuadrado, que e incrementaría un 10% anualmente hasta tres veces la cuantía inicial. Así, una vivienda vacía de 60 metros cuadrados debería pagar un canon de 600 euros el primer año. Si siguen pasando los años y no sale al mercado, el dueño llegaría a pagar un máximo de 1.800 euros anuales.