Nueva vuelta en el 'caso Bidegi': La Audiencia de Gipuzkoa revoca al sobreseimiento de una de las causas

Nueva vuelta en el 'caso Bidegi'. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha revocado el sobreseimiento de la causa y ha pedido un informe pericial independiente judicial independiente al considerara que la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia, encargada de la instrucción de la causa “no ha dado cumplida respuesta a la solicitud de práctica de nuevas diligencias” que solicitaba la acusación popular y la Fiscalía. Se trata de la primera de las querellas sobre la que se decretó el sobreseimiento, la que hace se interpuso en junio de 2015 por parte de la Diputación de Gipuzkoa, entonces gobernada por Bildu, contra sus predecesores en el cargo, del PNV, por “la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y encubrimiento” en las obras de construcción en la autopista A-1, Vitoria-Eibar, en el tramo Arlaban-Eskoriatza Norte. Se da la casualidad de que el mismo juzgado decretó hace poco más de una semana el sobreseimiento de la segunda querella, aunque se presentó un año antes, en 2014, por posible malversación de caudales públicos y falsificación de documentos en las obras de la AP-1 en el tramo Eskoriatza norte-Arrasate norte.

En la querella cuyo sobreseimiento acaba de revocar la Audiencia Provincial, se exponía que en el referido tramo de obra, Arlaban-Eskoriatza Norte, había existido un sobrecoste por trabajos no ejecutados por un importe de 17.030.721,49 euros. Con los autos dictados este martes, la Audiencia estima en parte el recurso de apelación formulado por la acusación popular frente a las resoluciones del juzgado que denegaron la práctica de diversas diligencias de investigación solicitadas por dicha acusación popular y que sobreseyeron provisionalmente el proceso.

La Audiencia de Gipuzkoa acuerda que se proceda a la práctica de una prueba pericial judicial independiente de la manera más económica de las propuestas por la acusación popular, sin que en ningún caso pueda superar la suma de 80.000 euros, y que el juzgado de Azpeitia proceda a dar cumplida respuesta al resto de diligencias interesadas por la acusación popular.

El juzgado había denegado su práctica apoyándose en lo acordado en diciembre de 2018, una resolución que también fue revocada por la Audiencia mediante auto en junio de 2019. En esta resolución “ya se recogía la existencia de dos dictámenes periciales antitéticos, uno el aportado junto al escrito de querella, y el otro, elaborado con posterioridad, de revisión de las conclusiones contenidas en aquel y que venía a desdecir el primigenio informe”. Por ello, el Ministerio Fiscal solicitó la práctica de una tercera prueba pericial judicial independiente sobre los aspectos contenidos en los informes periciales obrantes en la causa, a lo que se sumó la acusación popular.

Por parte de la Diputación Foral se informó de que el primero de los informes aportados junto con la querella ascendió a la suma de 21.538 euros, y el de revisión, a 48.459 euros.

La Audiencia Provincial, en las resoluciones ahora dictadas, entiende que el juzgado de Azpeitia no ha dado debida respuesta a lo que ya acordó el tribunal en su momento, ya que no se ha realizado gestión alguna para recabar otros presupuestos, sobre todo teniendo en cuenta la “abismal” diferencia económica entre los iniciales informes periciales obrantes en el procedimiento y el importe de la posible defraudación, lo que hace que “no sea desproporcionado” el importe de la nueva pericial que se acuerda.

Por ello, en atención a la necesidad de “no dilatar más” el procedimiento, acoge la propuesta más económica de las planteadas por la acusación popular, que ascendía a la suma de 72.000 euros, aunque matizando que, debido al tiempo transcurrido y al aumento de los precios sufrido desde entonces, el costo puede ascender a 80.000 euros.

La Audiencia de Gipuzkoa considera también que la jueza encargada de la instrucción no ha dado cumplida respuesta a la solicitud de práctica de nuevas diligencias que también solicitó la acusación popular.

El tribunal recuerda que ya dictó dos resoluciones anteriores en las que exhortaba a la titular del juzgado a que se pronunciase fundadamente sobre dichas diligencias, no siendo hasta agosto de 2023 en que vino a denegar las mismas sin exponer motivo o razón alguna de dicha decisión, salvo en lo relativo a la diligencia de prueba pericial judicial independiente.

Por ello, la Audiencia de Gipuzkoa ordena nuevamente que el juzgado dicte resolución motivada sobre la pertinencia de tales diligencias y revoca también el auto del juzgado que acuerda el sobreseimiento de las actuaciones, por entender que no cabe adoptar dicha decisión sin contar con el informe pericial indicado, ni sin resolverse motivadamente sobre la práctica del resto de diligencias interesadas.

La reapertura del caso supone un varapalo para el PNV de Gipuzkoa y su actual Gobierno en la Diputación -aunque en coalición con el PSE-EE. El 9 de febrero tras conocer la segunda sentencia en la que se sobreseía un querella daban por terminado el proceso judicial. La diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, María Ubarretxena, señalaba entonces que tras nueve años de instrucción, “nos acercamos al final de un dilatado proceso en el que se ha perseguido de manera infundada a trabajadores y trabajadoras de la Diputación, de Bidegi y de las empresas adjudicatarias; se ha puesto bajo sospecha a los y las responsables políticos y la integridad de la institución foral”, decía. “Finalmente queda expuesta la estrategia de quienes solamente buscaban menoscabar a toda costa y a cualquier precio al rival político, bajo acusaciones de graves delitos, apoyándose en informes erróneos y generando un daño irreparable a demasiadas personas”, señalaba en relación a Bildu.

Ahora, tras conocer que se revoca el sobreseimiento, desde la Diputación han señalado que exigirán la “máxima independencia y competencia” en la elaboración del nuevo informe pericial. La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha considerado que, de esta manera, “se evidenciará el buen hacer de la Diputación y los responsables técnicos y políticos encargados de la obra”. Besaraluze ha mostrado su “respeto” a la decisión de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y ha insistido en que el sobreseimiento “no se debe a que se hayan encontrado indicios de delito, sino porque la Audiencia de Gipuzkoa ha considerado pertinente ordenar nuevas diligencias”. No obstante, ha confiado en que el nuevo informe pericial propuesto por la acusación popular “servirá para constatar, nuevamente, que los informes presentados con la querella adolecían de numerosos errores que evidenciarán la naturaleza política del procedimiento que se ha dilatado ya durante una década”.