La principal fuerza de la oposición en Hondarribia, Abotsanitz, ha vuelto a denunciar irregularidades en contratos municipales en un municipio dirigido con mayoría absoluta por Txomin Sagarzazu, del PNV. En esta ocasión afectan a la subcontratación de la gestión de los centros deportivos Hondartza Kiroldegia y del frontón Jostaldi, cedidos a la mercantil Kirolzer S.L. Con anterioridad, han sido numerosas las alertas particularmente en lo tocante a la organización de eventos con empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa, aunque no los únicos casos.
En un comunicado, Abotsanitz indica que sobre este caso “ya en 2014 el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas también denunció irregularidades” porque “para entonces la empresa Kirolzer S.L. ya tenía una deuda con Hondarribia Lantzen [sociedad pública municipal titular de las instalaciones] por impago de cánones según los términos previstos en el contrato”. Cuando a finales de 2016 se analizó la continuidad del contrato, también se vio que “se estaba concediendo a la empresa explotadora Kirolzer S.L. ayudas no previstas en las condiciones de adjudicación”, entiende este partido.
El resultado son incumplimientos contractuales “recurrentes” y un sistema leonino para el Ayuntamiento consistente en que Kirolzer no abona el canon que tiene pagar a cambio de gestionar los centros deportivos pero sí gira una factura a los clubes usuarios que, a su vez, la repercuten a las arcas municipales a través de subvenciones nominativas. De pagar “tarde e inadecuadamente”, la empresa ha pasado “a partir de mediados de 2019” a “no abonar el canon previsto en el contrato”. “La empresa explotadora ha alcanzado una deuda con Hondarribia Lantzen superior a 700.000 euros”, calcula Abotsanitz. Es una cantidad equivalente al 2,8% del presupuesto municipal de este año.
Desde 2020, la propia empresa admite estar en una prórroga irregular del contrato, según documentación a la que ha tenido acceso este periódico. La empresa alega en 2022 que no tiene capacidad económica para continuar dando el servicio y pide marcharse. Abotsanitz reclama al Gobierno municipal que no tome “atajos” y plantee un nuevo modelo de gestión directa más sostenible en el plano financiero. “Cada vez tenemos más claro que la gestión del polideportivo debería ser propia, sin subcontratación”, argumentan.
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