Penas de hasta 15 años de cárcel por abusos sexuales a menores en Álava dentro del 'caso Sansoheta'

La Audiencia Provincial de Álava ha dado a conocer este jueves el fallo del denominado 'caso Sansoheta', en el que se investigó a diez adultos por abusos sexuales a menores, que en algunos casos eran tutelados por la Diputación alavesa. La sentencia completa, de 124 folios, aún no ha trascendido. Las penas oscilan entre una absolución y nueve condenas de entre un año y 15 de cárcel. El tribunal ha apreciado casos de delitos “continuados”, de agresiones a jóvenes menores de 16 años -lo que agrava el castigo- y también exhibición de pornografía o consumo de drogas.

Hay penas accesorias de alejamiento y algunas indemnizaciones económicas. El resumen: de 39 delitos imputados se han acreditado 27. Más en concreto, hay un acusado que recibirá una pena de un año, uno castigado a cinco años y medio, dos a siete, otros dos a diez, uno a once, uno a 13 y otro último a 15. José Miguel Fernández, letrado de la acusación de Clara Campoamor, ha señalado en la Cadena Ser que la resolución es “ejemplarizante”. Considera muy relevante que haya quedado claro que el hecho de que los contactos se dieran a través de aplicaciones de Internet en las que aparentemente los menores aparecían como adultos no exime de responsabilidad en la comprobación de ese dato. E indica que un menor nunca puede otorgar consentimiento para una relación sexual con un adulto.

El juicio por este caso tuvo lugar desde finales de septiembre hasta principios de octubre. De los diez adultos, todos varones, que se sentaron en el banquillo de los acusados cuatro admitieron los hechos fruto de pactos con la Fiscalía y las otras acusaciones para vez minimizada su pena final, aunque en dos casos ya estaban presos por otras causas. En tres casos se comunicó la conformidad incluso antes del arranque de las vistas y el cuarto lo hizo durante el proceso. Los otros seis sí admitieron la existencia de contactos o incluso de relaciones sexuales con las víctimas pero su idea-fuerza hasta el final fue que desconocían la edad real de los jóvenes y que, de haber sabido que no llegaban a 18, habrían rechazado los encuentros. Los procesados se enfrentaron a peticiones de penas de hasta casi 30 años de prisión y el total de condenas solicitadas ronda los 170 años y los pactos llegaron a dejarlas en hasta 13.

¿Quiénes son los acusados? Aunque el tribunal prohibió expresamente la difusión de sus identidades y de su imagen, sí es conocido que, entre ellos, hay un psicólogo privado que colaboraba con los servicios sociales y que conoció ahí a uno de los jóvenes abusados y también un miembro de las Fuerzas Armadas residente en Pamplona. En este caso, llegó a reservar por horas una vivienda en Vitoria para estar con los adolescentes.

Fue en otoño de 2016, hace más de seis años, cuando trascendió que menores internados en Sansoheta eran contactados por adultos por medios telemáticos y que se encontraban fuera del centro, si bien desde al menos abril de ese mismo año habían saltado ya algunas alertas. La investigación pronto mostró que era un caso claro de corrupción de menores -así se ha tipificado penalmente- con prácticas de abuso sexual, pornografía y, en algunos supuestos, también de tráfico de drogas. Las acusaciones fueron tres: la Fiscalía -con Carmen Cotelo al frente en su gran reválida desde que fue nombrada jefa del ministerio público en Álava este mismo año-, la propia Diputación -a través de un bufete privado-, la asociación Clara Campoamor -de la mano del letrado José Miguel Fernández- y dos de las víctimas a título individual.

Tanto la entonces diputada de Políticas Sociales en Álava, Beatriz Artolazabal, actual consejera del Gobierno de Iñigo Urkullu y candidata del PNV en Vitoria para 2023, como el todavía hoy diputado general, Ramiro González, han venido remarcando que no sienten que la institución que tenía la tutela de alguna de las víctimas incurriera en “responsabilidad”. Sin embargo, los servicios jurídicos de Clara Campoamor sí lo entienden así y durante el juicio repitieron que, en función de las conclusiones de la sentencia, plantearían nuevas iniciativas en este sentido. Conocida la sentencia y a falta de un análisis más profundo, la Diputación “quiere mostrar su satisfacción” por que el fallo “determina claramente la responsabilidad” y “señala con nombres y apellidos a los culpables”, a los que les caen penas “importantes”.