Piden que la 'número dos' de Medio Ambiente de Navarra ratifique en el juzgado que Gipuzkoa envió residuos ilegales a Artajona

La plataforma contraria a la incineradora GuraSOS ha solicitado a la magistrada de Donostia que tiene abierta una causa por el envío de lixiviados líquidos desde el complejo de Zubieta en Gipuzkoa a la empresa de la localidad navarra de Artajona Ecofert Sansoain que comparezca en el juzgado la 'número dos' de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Ana Bretaña, para que ratifique en sede judicial lo que el Ejecutivo foral ha venido repitiendo públicamente en las últimas semanas, que ese movimiento de 5.400 toneladas de residuos fue “ilegal”. La magistrada titular de la sala en que ha recaído este sumario es Silvia Villanueva, pero de modo interino la plaza es de Maider Imaz. Por el momento, no consta que se haya admitido a trámite esta comparecencia, como tampoco otras diligencias solicitadas por GuraSOS.

GuraSOS denunció la posible existencia de irregularidades ante la Fiscalía, que realizó una preinvestigación y vio indicios de que, en efecto, se enviaron lixiviados desde Zubieta hasta Artajona (también a otra empresa de Bilbao, Sader) y que pudieron haber sido codificados irregularmente como lodos, por lo que indiciariamente aprecia un presunto delito de falsedad documental. En el contrato se aludía a unas 200 toneladas, luego se conoció que eran más de 2.000 y Navarra, finalmente, certificó que fueron 5.400. En esta causa están siendo investigados el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, el socialista José Ignacio Asensio, en su calidad de presidente del consorcio de residuos de Gipuzkoa (GHK), que es el organismo titular del complejo de Zubieta, así como la directora técnica de GHK, Nagore Peñalva, el ingeniero Manuel Franco y Andoni Sánchez de Luis, de Sader. 

Si en octubre trascendió el escrito de la Fiscalía, en diciembre se conoció que el Gobierno de Navarra compartía el análisis y consideraba que lo que a ellos les compete, Ecofert Sansoain no podía recibir residuos líquidos en sus instalaciones de Artajona. Bretaña, que es directora general de Medio Ambiente, acompañó al consejero José María Aierdi en una comisión parlamentaria ya en enero en que se ratificaron en esa postura y en la que anunciaron tanto la clausura cautelar de Ecofert Sansoain como la imposición de 110.000 euros en sanciones. En el lado guipuzcoano, por su parte, Asensio siempre ha defendido la legalidad de todas las actuaciones en Zubieta e incluso ha cargado conta el Gobierno de Navarra.

Fuentes judiciales constatan que la instrucción iniciada en octubre no ha avanzado más allá del encargo a la Guardia Civil de un informe en calidad de Policía judicial. De hecho, ni siquiera se ha notificado nada a los implicados y desde luego no hay fecha para una posible comparecencia. Sí se han personado en el proceso tanto Sader como la propia GuraSOS, que han abonado una fianza. En este segundo caso, sus representantes legales han entregado documentación complementaria y han pedido la testifical de Bretaña y de otras personas, así como que se impute a las empresas jurídicas implicadas en el movimiento de residuos, Ecofert Sansoain, Sader y Ekondakin, que es la adjudicataria de GHK en Zubieta y la firmante de los contratos de envíos de lixiviados.