El Grup La Pau, principal concesionaria del servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza, acaba de firmar el convenio sectorial de Euskadi para los años 2022-2028, que incluye subidas salariales de hasta el 30%, pero mientras entra en vigor, la dirección de la empresa sigue empeñada en descolgarse del convenio anterior para poder rebajar los salarios de los trabajadores un 12,5% entre julio y noviembre y suprimir la extra de verano y de esta forma paliar las pérdidas millonarias a las que se enfrenta, con una previsión de déficit de nueve millones. Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK, que se han reunido este miércoles en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) en Bilbao con representantes de la empresa, exigen al Gobierno vasco que actúe contra la compañía . “¿Cómo es posible que gane concursos públicos y que no pague a sus trabajadores?”, se preguntan.
La reunión de este miércoles, en la que también ha participado el sindicato LSB-USO, no ha servido más que para volver a dejar patente que las posturas están totalmente enfrentadas. Los sindicatos insisten en que la empresa se descuelga del convenio de forma “unilateral”, sin negociar con la parte social, y que han solicitado información a las cuentas de la empresa que no se les ha facilitado. Desde la empresa, por su parte, niegan a la mayor. Aseguran que desde la primera reunión, el 4 de junio, se proporcionó información a los sindicatos de las cuentas auditadas de 2021 y 2022, provisionales de 2023 y previsiones de 2024, y que desde ese primer encuentro “parecen querer dilatar los plazos porque en 15 días no han sido capaces de organizar la comisión negociadora, y tampoco de entrar en el fondo de la cuestión”. Pero tras el encuentro de este miércoles queda patente que habrá un descuelgue del convenio “sí o sí”, ya que desde la empresa se da por finalizado el periodo de consultas sin acuerdo.
El descuelgue del convenio afectará a las plantillas de la empresa en Bizkaia y Álava, donde La Pau es concesionaria del servicio de transporte de ambulancias de Osakidetza. No a sus trabajadores en Catalunya, comunidad de donde es originaria esta cooperativa, ni a los cooperativistas. Los sindicatos denuncian por eso que los propietarios de la empresa “seguirán llenando el bolsillo con el dinero de la ciudadanía vasca, ya que estas empresas viven sobre todo de los contratos de la administración pública”.
Las mirada de los trabajadores en petición de apoyo al Gobierno vasco se dirige sobre todo al Departamento de Salud, y por eso se han concentrado ante la sede de Osakidetza en Bilbao antes de la reunión en el CRL. No entienden que una empresa que acumula sanciones de la Inspección de Trabajo y que anuncia que reducirá el salario de sus trabajadores sigue ganando concursos públicos. Y no sólo con el Gobierno vasco. Tanto Cynthia Lozano (ELA) como Asier Bilbao (LAB), que han ejercido de portavoces de todos los sindicatos, han recordado que recientemente han sido adjudicatarios de transporte de asistencia sanitaria durante Aste Nagusia de Bilbao por parte del Ayuntamiento de Bilbao. “La empresa acumula multas por infracciones graves y se firma esta concesión por dos años el 15 de mayo, cuando ya se conocían estos hechos. No les podrían dar este contrato y, aún así, lo han ganado” denuncian. Aunque la empresa asegura que las infracciones graves no son firmes y por lo tanto no impiden acceder a los contratos. “¿Van a ganar millones de euros también con esa licitación, con ese concurso público de Aste Nagusia y no hay ninguna manera de que paguen a los trabajadores?, afirman. ”Esto es directamente burlarse del propio trabajador“, critican. Por cierto este contrato para el servicio de Aste Nagusia ha sido recurrido por el sindicato LSB-USO sobre la base de que la empresa ha recibido una propuesta de sanción de naturaleza ”muy grave“ por parte de la Inspección de Trabajo y que ello es un motivo recogido en la ley para impedir a una empresa acceder a contratos públicos.
Esa misma sanción grave es la que ha motivado que Salud haya paralizado el último contrato del que ha resultado adjudicataria La Pau tras una denuncia del sindicato UGT que ha motivado una suspensión cautelar del contrato. La paralización de este contrato, de 135 millones de euros en tres ejercicios, es lo que llevó a la empresa a anunciar el descuelgue del convenio por no poder contar los ingresos hasta que se levante la suspensión.
De momento la mayoría del comité no se plantean volver a la huelga -aunque LSB-USO ha convocado una huelga indefinida por el despido de un trabajador- pero quieren mantener el conflicto en la calle, como han hecho durante los meses de conflicto hasta que se desconvocaran los paros a las puertas de las elecciones autonómicas. “Queremos que se nos vuelva a ver en la calle ya que esto no ha acabado e iremos tomando medidas en base a cómo vayamos viendo la actitud de la empresa”, han anunciado los portavoces sindicales.
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