Los sindicatos del sector público vasco ELA, LAB, CCOO, Steilas y ESK -todos menos UGT e Interinok Taldea- han convocado a los partidos vascos que tienen representación en el Congreso de los Diputados a una ronda de conversaciones el próximo lunes día 20. El objetivo es entregarles una enmienda preparada por los sindicatos para que estos partidos la presenten al decreto 'omnibus' de medidas económicas y sociales con las que se intentará paliar el hecho de que no haya presupuestos generales este año, y en el que figura expresamente que la subida que se apruebe para los funcionarios públicos no podrá superarse en ningún lugar del Estado. No está claro si puede llegar a prosperar porque, de momento, ningún partido ha respondido a la convocatoria de las centrales que se hizo el pasado lunes a PNV, PSE-EE, EH Bildu, Sumar y PP. Es decir, no se sabe qué partidos van a acudir.
La acotación a las subidas salariales de los funcionarios llegan a través de una enmienda presentada por el PSOE y Sumar al proyecto de Ley 8/2023 para adoptar medidas económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. En esta enmienda se incluyen las subidas salariales a los funcionarios al no presentarse este año Ley de Presupuestos Generales. Según han detallado las centrales, “los partidos políticos vascos no han presentado ninguna enmienda”, y creen que la iniciativa que les van a plantear permitiría que las condiciones de los empleado públicos vascos se decidan en Euskadi.
En principio esta era una cuestión recogida en el acuerdo entre PNV y PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, aunque en este acuerdo se establece que es un pacto que corresponde adoptar en la Comisión Mixta del Concierto y del Convenio Navarro, no en el Congreso. En concreto, el acuerdo recoge que “en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Constitución y, con respeto a la autonomía financiera que ejercen las instituciones de los territorios forales, se podrán consensuar en el seno de las Comisiones Mixtas de Concierto y Convenio, las tasas de reposición de la oferta de empleo público de nuevo ingreso a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren absolutamente prioritarios, y los máximos globales al incremento de la masa retributiva de los empleados públicos, garantizando siempre el equilibrio y la senda de estabilidad presupuestaria correspondiente en cada ejercicio presupuestario. Los respectivos legislativos vasco y navarro trasladarán dicho acuerdo a sus correspondientes normas de empleo público”.
Los sindicatos no han querido hacer pública la literalidad de la enmienda antes de las reuniones con los partidos, pero para elaborarla se han basado en las mismas normas que recoge el acuerdo PNV -PSOE para garantizar que se trata de una enmienda que encaja en la legalidad vigente: la disposición adicional primera de la Constitución y la autonomía financiera de las Haciendas forales que se recoge en el Concierto y en el Convenio navarro. Por ello, consideran que los partidos no tendrían que tener problemas para apoyar la enmienda.
“Hay que exigir a las instituciones vascas que dejen de funcionar como meras subdelegaciones del Gobierno Español” hagan uso de sus competencias, refuercen los servicios públicos, dejen a un lado las privatizaciones, generen y consoliden el empleo público y mejoren las condiciones laborales de las y los trabajadores públicos que garantizan unos servicios públicos de calidad y universales a la ciudadanía vasca“, han señalado.
Los sindicatos, que han convocado ya tres huelgas para exigir que sus condiciones se decidan en Euskadi, además de una mejora general de sus condiciones laborales, han descartado de momento la convocatoria de nuevas huelgas, pero sí han convocado concentraciones el 27 de mayo ante la sede de Eudel y del Gobierno Vasco en Bilbao. Han recordado que han pasado más dos meses desde la última jornada de huelga del sector público sin que se hayan dado pasos para solucionar los problemas de los empleados públicos. “Es una cuestión de voluntad política” ha señalado el portavoz de ELA, Igor Eizagirre, que ha insistido en que mejorar las condiciones laborales de los funcionarios es esencial para tener unos servicios públicos de calidad.