Contar o no contar lo más doloroso de la infancia puede llevar muchos años. Y dar el paso de denunciar los abusos sexuales sufridos todavía más. Algunas víctimas de colegios religiosos de Navarra se han organizado y están empezando a buscar verdad, justicia y reparación, pero el camino no siempre es sencillo. Dos de ellas, por su residencia actual, han acudido a la Ertzaintza a interponer una denuncia contra religiosos. Pero se han encontrado con que el sistema informático ni siquiera permite registrar los hechos al considerarlos automáticamente prescritos.
En el caso de Mikel Eziolatza, que estudió en los Reparadores de Puente La Reina, asegura haberse encontrado con “reticencias” por parte del agente de guardia que recogió su denuncia en la comisaría de Vitoria. Solo su empeño personal hizo que, dos horas más tarde, terminara dejando constancia de su historia atribuyendo una fecha reciente a hechos ocurridos tres décadas atrás en el tiempo. Es consciente de que el resultado judicial puede ser el mismo, pero no quería rendirse ante la primera dificultad. Hay una segunda denuncia similar en Laguardia y la víctima asegura no haber recibido una copia de la documentación.
Eziolatza lamenta la falta de “sensibilidad” hacia este tipo de delitos y demanda que en la Ertzaintza haya formación específica para atender este tipo de casos que continúan saliendo a la luz pública estos años. Asegura que compañeros de la asociación que han acudido a la Policía Foral de Navarra o a la Guardia Civil sí que han sentido que su caso no era uno más en la larga lista de delitos que se acumulan en las mesas de las comisarías.
Fuentes de la Ertzaintza puntualizan que la opción más operativa en estos casos es acudir directamente a un juzgado. Indican que la Policía poco puede hacer con un caso prescrito más allá de recopilar los datos por si podrían contribuir a esclarecer hechos más recientes que todavía no lo estén, ya que no existe la posibilidad de realizar una denuncia como tal. En enero y febrero, la Ertzaintza recogió del orden de tres decenas de denuncias por abusos sexuales en los Salesianos de Bilbao y un juzgado de instrucción decretó el archivo automático de la mayoría de ellas por su antigüedad.
Recientemente, Ana Cristina Cuevas, portavoz de la asociación Infancia Robada, manifestó en el Parlamento Vasco la importancia de modificar los plazos de prescripción de estos delitos, que habitualmente permanecen ocultos y que salen a la luz muchos años después sin posibilidad de que acarreen consecuencias penales. Ahora los plazos empiezan a correr al cumplir los 18 años y son 5 años para los casos más graves, esto es, hasta los 23. Un anteproyecto de ley que decayó por la coyuntura electoral española preveía que fuese hasta los 45. “Pero nosotros como asociación solicitamos la no prescripción del delito o en su defecto que empiecen a contar a partir de los 50 años, a fin de que por la propia idiosincrasia del tipo de denuncia queden impunes el menor número de abusadores y agresores sexuales”, plantean desde Infancia Robada.
Cinco miembros de la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros religiosos de Navarra –4 hombres y 1 mujer– comparecieron el pasado 9 de octubre en la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento de Navarra –sin presencia de los medios de comunicación– para contar los abusos sexuales a los que fueron sometidos por parte de los frailes y monjas que los educaban, cuando aún eran menores de entre 8 y 12 años de edad. El audio de la sesión se ha hecho finalmente público, aunque se han censurado los nombres de las y los agresores y de los centros religiosos donde se cometieron los abusos sexuales. Una decisión que ha provocado el enfado de los miembros de la asociación, que exigen que se publique íntegro. Desde la asociación son conscientes de que los delitos ya han prescrito, pero piden que “no prescriba el encubrimiento” porque “las instituciones religiosas tienen datos, archivos, saben cuándo se ha trasladado a uno, por qué razón lo trasladaron...”. También han reconocido que, para ellos, poder contar su historia “es curativo”.
En esa línea, eldiario.es en Navarra organiza una mesa redonda bajo el título Los abusos sexuales de la Iglesia en Navarra: la verdad no prescribe este próximo viernes 22 de noviembre a las 18.15 horas en el salón Pío Baroja de la INAP (Navarrería, 39). El objetivo es acercar al público una dura realidad que en la inmensa mayoría de los casos ha quedado impune y debatir sobre los modos en los que puede aplicarse algo de justicia en estos casos.
En la mesa redonda va a participar Mikel Eziolatza, miembro de la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros religiosos de Navarra, quien va a narrar el proceso personal, administrativo y judicial que ha seguido desde que sufrió abusos sexuales en el centro Padres Reparadores, en Puente la Reina, cuando tan solo tenía once años. Además, intervendrá Leticia de la Hoz, abogada de Infancia Robada, que ha gestionado casos similares en toda España y que llevó el caso Gaztelueta, el más importante de Euskadi. Para ofrecer un punto de vista técnico sobre cómo puede ayudar la sociedad a estas personas, participará Gemma Varona, victimóloga y doctora investigadora permanente en el Instituto Vasco de Criminología.