Abrimos una nueva ventana a la información de Extremadura. Nos asomamos a la actividad en torno a un sector como el agrario que representa en torno al 6% del PIB regional.
Cooperativismo, innovación, producción ganadera, agroindustria, turismo rural, seguros agrarios... Toda la información del sector en esta nueva sección que coordinará Juan Carlos Antequera, un profesional de la economía del campo con experiencia en diversos ámbitos.
La organización agraria UPA-UCE Extremadura exigirá a la Agencia de Información y Control de Alimentos (AICA) que inspeccione las centrales hortofrutícolas cuya gestión consideran “abusiva y fuera de la legalidad”, ya que compran sin contrato y precio establecido.
Según ha explicado este miércoles en una rueda de prensa el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, a pesar de ser un sector estratégico para la economía regional, porque genera empleo y exportaciones mundiales, sus trabajadores padecen las consecuencias de unos “precios ruinosos”.
En este sentido, Huertas ha lamentado que la gestión “ilegal” de las centrales hortofrutícolas que compran la fruta sin contratos ni precio establecido, se haya convertido en una práctica generalizada en el sector de la fruta extremeño. Asimismo, ha destacado que la especulación durante la presente campaña es “alarmante”, ya que las centrales están vendiendo la fruta un 30 por ciento más barata que el año anterior y las pérdidas no las asumirán estas empresas, sino que serán trasladadas a los agricultores, incapaces de mantener la rentabilidad de sus explotaciones.
“Si la central no tiene un contrato que obligue a pagar un precio y respetar unos plazos de pago, no defenderá un precio justo y digno para el agricultor, simplemente se preocupará de sus márgenes comerciales para garantizar su rentabilidad”, ha subrayado.
Frente a ello, Huertas considera que la AICA debe perseguir este tipo de prácticas y proteger a los agricultores que son “el eslabón más débil de la cadena de producción”, para que puedan conocer previamente el precio establecido y decidir si entregan su producción a las centrales.
Además, ha reclamado que se impongan sanciones públicas para que los trabajadores del sector y el resto de la sociedad conozca quienes son los que incumplen la ley. En cuanto al balance inicial de producción, Extremadura reducirá su producción un ocho por ciento con respecto al año pasado, ya que se estiman unas 240.000 toneladas, aunque la calidad “será buena”, ha asegurado.
El principal motivo de esta reducción es el fenómeno climatológico de pedrisco que se produjo los últimos meses y que afectó a 6.000 hectáreas, cuya indemnización alcanzaría los 20 millones de euros, según Agroseguro. De las zonas afectadas, 3.014 hectáreas son de melocotón, lo que podría generar una “importante” disminución del 30 por ciento en su producción, mientras que las 2.900 restantes son de ciruela, aunque en este caso prevén que se mantenga el nivel de cosecha del año anterior.
Por último, Huertas ha recordado la petición realizada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que no permita vender sus productos a los beneficiarios de las indemnizaciones por pedrisco, ya que afecta a la calidad de la producción total y su precio final.
La organización agraria UPA-UCE Extremadura exigirá a la Agencia de Información y Control de Alimentos (AICA) que inspeccione las centrales hortofrutícolas cuya gestión consideran “abusiva y fuera de la legalidad”, ya que compran sin contrato y precio establecido.
Según ha explicado este miércoles en una rueda de prensa el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, a pesar de ser un sector estratégico para la economía regional, porque genera empleo y exportaciones mundiales, sus trabajadores padecen las consecuencias de unos “precios ruinosos”.