PP, Cs y el concejal no adscrito de Badajoz, Alejandro Vélez, han defendido este lunes la gestión política de la institución ferial Ifeba realizada por parte de la concejala popular Blanca Subirán, en relación a la problemática surgida por los precios públicos cobrados a empresas y ciudadanos durante la organización de ferias pese a no contarse con la normativa necesaria para ello.
Durante un pleno extraordinario solicitado por el PSOE para abordar esta problemática, Subirán ha afirmado que el equipo de gobierno local ha trabajado en resolver esta cuestión desde que el pasado 25 de mayo conociese esta circunstancia después de que se alertase de ella desde los servicios fiscales.
Subirán ha afirmado que si en 2015 ya se había trasladado una reclamación en este sentido, ella no dirigía la institución, y por tanto era imposible que conociese esta cuestión.
La edil, quien ha dicho que la ordenanza está ya elaborada a la falta de su fiscalización y aprobación, ha considerado que el PSOE y Unidas Podemos, muy críticos con su actuación, no defienden “el interés de la ciudad y de Ifeba” sino se basan en “un interés político”.
En la misma línea se ha mostrado el concejal no adscrito al expresar que “la izquierda quiere espolvorear” este asunto a pocos meses de las próximas convocatorias electorales, tal y como ha acontecido con la huelga de la Sanidad en Madrid.
Por otro lado, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera (Cs), ha puesto en valor que “desde que se tuvo conocimiento de esta situación buscó resolverse” por parte del equipo de gobierno local.
Sin embargo, para el edil socialista Martín Serván la situación generada en Ifeba podría conllevar responsabilidades “políticas, civiles y penales” por todo el tiempo que se han cobrado entradas a ciudadanos por asistir a las ferias o precios públicos a empresas por tener stand sin la normativa necesaria.
Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha preguntado si la reclamación que alertó de la ausencia de normativa en 2015 fue respondida por el Ayuntamiento, pues ello demostraría que los responsables municipales ya conocían esta problemática desde esa fecha, y ha subrayado la gravedad que supondría “haber tapado” esta cuestión.
Cadenas ha lamentado además que el equipo de gobierno local no impulsase antes esta normativa que ahora sí se acelera desde que la oposición destapase esta problemática.