La exalcaldesa de Cáceres condenada a un año y nueve meses por los ruidos de la Madrila

La Audiencia Provincial ha rebajado la pena a la exalcaldesa de Cáceres Carmen Heras a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de prevaricación medioambiental, al apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas, lo que reduce la condena anterior en tres meses, en el caso de los ruidos en la Madrila.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, también se solicita un año y nueve meses de cárcel para el exedil Carlos Jurado por el mismo delito.

La Audiencia de Cáceres estima de esta forma parcialmente los recursos de apelación presentados contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de Cáceres del pasado mes de enero.

Así, se condena a ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público a los que fueran entre 2007 y 2011 concejal de Seguridad Ciudadana y regidora.

Baja la pena a la mayoría de hosteleros

Además, rebaja la pena de prisión a los nueve de los diez hosteleros, como coautores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al pasar a ser de dos años, tres meses y un día, lo que supone, para los dueños de los locales de ocio Maquiavelo, Down y Sugar, respectivamente, tres meses menos de cárcel.

Asimismo, para los distintos responsables de La Bele, Submarino, La Cuerda, Barroco y Latinos la pena impuesta pasa a ser de un mes menos, similar a la de los anteriores condenados, mientras que se mantiene la de dos años y tres meses para los responsables del bar Tacones.

Además, el tribunal mantiene la condena a distintos hosteleros, en concepto de responsabilidad civil, a indemnizar con cantidades desde 2.500 a 10.000 euros por el daño moral causado a varios vecinos perjudicados por el delito.

Otras condenas

Junto con su ingreso en prisión, también deberán pagar multas de que van desde los ocho a los catorce meses a razón de diez euros diarios y se les mantiene la inhabilitación, desde el año hasta un año y nueve meses, para ejercer actividad profesional en cafeterías, pub, bares, discotecas, salas de fiesta y bares musicales.

También se mantiene la condena a uno de los responsables de Tacones a seis meses de cárcel por un delito de lesiones.

Contra la sentencia no cabe ulterior recurso, salvo el de casación ante el Tribunal Supremo.

La sentencia reafirma que queda “perfectamente acreditado” que se han infringido, en reiteradas ocasiones desde 2007 hasta el mes de marzo de 2012, la normativa de Medio Ambiente, habiendo superado “con creces” los límites de los ruidos transmitidos al interior de las viviendas de los querellantes.

Concluye que los vecinos de la Madrila “han venido sufriendo de manera reiterada y continuada” durante ese periodo unos niveles de ruido “incompatibles con su salud y una vida familiar tranquila”, como consecuencia de la vibración y el ruido de los locales de ocio.

Expediente abierto

Por su parte, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha anunciado que han abierto expediente disciplinario al funcionario que tramitaba las sanciones por ruido, “habida cuenta de que la dilación se producía también en el expediente administrativo”, según recoge Efe.

Ha explicado que la “responsabilidad” en un caso como el de los ruidos en La Madrila “no es solo de aquellos” que gobiernan, sino de aquellos que tienen también la función pública, “como servidores municipales”, de tramitar estas denuncias.

“Vamos a llegar hasta el final”, ha insistido Nevado, porque creen “que es una situación de justicia averiguar dónde se producen esas dilaciones que pueden llevar a tener que enfrentar sentencias tan duras” como la de La Madrila.

Preguntada por la responsabilidad de los políticos en un caso como el de La Madrila, la alcaldesa ha argumentado que “es bastante complicado” que si el expediente no llega “a tu mesa lo puedas firmar”, a la vez que ha apelado a la “buena fe” de los administradores públicos.

“Nosotros asumimos, finalmente, un expediente que viene de una fase previa”, ha precisado en relación a la Madrila, además ha agregado que están pendientes del nombramiento de un instructor, algo que “está siendo francamente difícil”.

Elena Nevado ha indicado que han pedido a la Diputación y a la Subdelegación del Gobierno ese nombramiento, puesto que los técnicos del Ayuntamiento “se han excusado hasta en seis ocasiones”.