El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres ha condenado hoy a dos años, y un año y nueve meses de prisión, respectivamente, a la exalcaldesa socialista de Cáceres Carmen Heras y al exedil Carlos Jurado por un delito continuado de prevaricación medioambiental en el caso de los ruidos en el barrio de La Madrila.
Además se condena a los que fueron entre 2007 y 2011 alcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana a ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público, según la sentencia.
Asimismo, establece una pena de dos años y seis meses de prisión, como coautores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, para los responsables de los locales de ocio Maquiavelo, Down y Sugar.
Para los de La Bele, Submarino, La Cuerda, Barroco y Latinos la pena impuesta es de dos años y cuatro meses de cárcel, mientras que, por los mismos delitos, se condena a dos años y tres meses de cárcel a los responsables del bar Tacones.
El tribunal condena a distintos hosteleros, en concepto de responsabilidad civil, a indemnizar con cantidades que van desde 2.500 euros y 10.000 euros por el daño moral causado a varios vecinos perjudicados por el delito.
Asimismo, se inhabilita a los responsables de los locales Maquiavelo, Down y Sugar durante un año y nueve meses para el ejercicio de la profesión relacionada con actividades hosteleras, mientras que a los acusados de La Bele, Submarino, La Cuerda, Barroco y Latinos se les condena a un año y seis meses de inhabilitación especial para ello.
Los acusados de Tacones son también inhabilitados un año para ejercer la actividad profesional en cafeterías, pub, bares, discotecas, salas de fiesta y bares musicales, y se condena a uno de ellos a seis meses de cárcel por un delito de lesiones.
Cinco años de molestias
Según la sentencia, los ruidos sufridos por algunos de los vecinos del barrio superaron “como mínimo” entre marzo de 2007 y marzo 2012 los límites legalmente permitidos, algo que, a juicio del Tribunal, constata la Corporación Municipal a través de un estudio encargado a la Universidad de Extremadura (UEx), un informe realizado por el SEPRONA y de las mediciones de la Policía Local.
El barrio fue declarado en 1996 por el Ayuntamiento Zona Ambientalmente Protegida en virtud de especial vigilancia de las actividades emisoras de ruido, por lo que “hasta al menos 2011” imponía a las autoridades municipales la obligación de una especial vigilancia de las actividades emisoras de ruido para alcanzar los objetivos de calidad acústica necesarios para la convivencia.
Tras las “innumerables” denuncias de los vecinos ante el Ayuntamiento desde 2007, el SEPRONA realizó distintas mediciones del ruido nocturno en la zona de “La Madrila” en el domicilio de algunos de los denunciantes, estudios que superaron el valor límite legalmente admisible, lo que constituye una infracción muy grave.
Unos niveles de ruido que se achacan a distintos locales de ocio y que provocaban molestias y la imposibilidad de conciliar el sueño a varios vecinos, con los posibles efectos “a corto y largo plazo” en su salud y en sus vidas laboral, social y familiar.
Según la sentencia, la “generalidad” de los locales de ocio de la zona emitían este ruido por encima de lo permitido era conocida por Heras y Jurado, quienes no adoptaron medidas “adecuadas” para la protección de la salud de las personas y la protección del medio ambiente durante el tiempo de su mandato.
En este sentido, se asegura que ambos acusados “a pesar de sus obligaciones, actuaron a sabiendas” para “no exigir” a los locales el cumplimiento de las normas específicas para impedir que el ruido de sus actividades de ocio pusiera en riesgo “grave” la salud de los vecinos.
Además, ambos responsables municipales “silenciaron” la infracción de leyes que regulan el funcionamiento de actividades contaminantes, en referencia a los locales de ocio nocturno.
Ahora, las partes tienen diez días de plazo para recurrir esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Cáceres.
Segunda condena
Carmen Heras ya fue condenada hace año y medio a ocho años de inhabilitación para ocupar cargo público, por haber fraccionado unos contratos municipales, motivo que en su día llevó a la cárcel a la ex alcaldesa socialista de Plasencia Elia Blando.