Se trata de un acuerdo de cuatro años de vigencia por el que la Junta se hace cargo de 45 viviendas de la Sareb. Los inmuebles los disfrutarán familias que no han podido conseguir un piso y que han sufrido una ejecución hipotecaria.
También aquellas que han agotado las posibilidades de reestructurar su deuda hipotecaria y por tanto están en una situación de extrema fragilidad social.
El Gobierno extremeño ha formalizado el acuerdo con el ‘banco malo’, que permitirá a familias sin recursos el uso de las viviendas de la mano de un “alquiler asequible”. Estará entre los 150 y los 400 euros, pero siempre con un límite en cuanto a los ingresos que tenga la unidad familiar, por lo que en ningún caso éste puede superar el 30 por ciento de esos ingresos, ha precisado Vergeles.
La cesión de viviendas por parte de la SAREB es una reivindicación de los colectivos sociales a la que se sumó también la Junta, y que ha sido posible después de meses de negociación con el ‘banco malo’. Inicialmente el Ejecutivo extremeño no aceptó la propuesta de la sociedad inmobiliaria porque los precios de cesión que reclamaba eras muy altos y la Junta alegaba que no los podía aceptar porque eran unos costes “inasumibles”.
Críticas de los movimientos sociales
La Sareb cuenta en Extremadura con un parque de 800 viviendas según reconoció la propia sociedad con motivo del acuerdo firmado. Las viviendas representan una proporción muy pequeña con respecto al totalidad de inmuebles de que dispone esta sociedad.
Tanto los Campamentos Dignidad como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Cáceres consideran que se trata de un acuerdo insuficiente. Han trasladado su enfado en las redes sociales, donde afirman que se trata de “migajas miserables” en comparación con el acuerdo alcanzado entre la SAREB y las administraciones de otros territorios.
Otra de las cuestiones que han criticado es que pagar entre 150 y 400 euros no es accesible para familias que van a desahuciar o desalojar porque no tienen nada.
El acuerdo
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), Jaime Echegoyen, firmaron este lunes en la Presidencia en Mérida el acuerdo.
Según ha explicado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, de aquí a finales de año se cerrarán todos los acuerdos necesarios para disponer de estas 45 viviendas en “esas zonas que tienen más necesidades” de disponer de ese tipo de alquiler, informa Efe.
La Junta dispondrá en breve de un mapa de las viviendas que serán objeto de este convenio en aquellas zonas que tienen mayor demanda, tal y como establece la literalidad del propio acuerdo, y que son las poblaciones con un mayor número de habitantes de la comunidad autónoma.
“También hay que ver dónde disponen ellos de parque de viviendas y en qué condiciones está, porque nuestro compromiso fue que esas 45 viviendas estén en las mejores condiciones para poderlas ofrecer de forma inmediata”, ha señalado Vergeles.
El consejero ha aclarado que prefieren denominar a esta figura alquiler asequible, en vez de alquiler social, porque se trata de dar “soluciones habitacionales a distintos problemas en materia de políticas de viviendas”.
“La dimensión social es a lo que le vamos a dedicar más en esta legislatura en la política de viviendas, pero preferimos en este convenio dedicarlas al alquiler asequible”, porque mediante esta tipología se pueden gestionar de una forma “mucho más adecuada”, ha dicho el titular de Políticas Sociales de la Junta.
Como contraprestación a la Sareb por la puesta a disposición de estas viviendas, el Ejecutivo extremeño, al igual que en otras comunidades autónomas con las que han firmado convenio, deberá aportar a esta entidad alrededor de 75 euros mensuales si la vivienda estuviese ocupada y de 125 euros mensuales, si está libre, algo que procurarán en el caso de la totalidad de las 45, ha dicho Vergeles. Además, tendrá que pagar el IBI y el mantenimiento de las viviendas, unas contraprestaciones que el consejero ha definido como “las menos posibles”.
Por su parte, Juan Echegoyen ha precisado que han firmado convenios con otras comunidades autónomas, similares al suscrito hoy con la Junta, para poder poner en alquiler asequible unas 4.000 viviendas en el conjunto del Estado, por lo que del orden de 7.000 personas viven en casas que son propiedad de Sareb y que pueden ser cedidas temporalmente.