Puede que para algunas familias suponga una subida ‘asumible’. Pero para aquellas que viven al límite es una carga más que les hace inasumible llegar a final de mes.
Miles de familias extremeñas se han visto afectadas por la suspensión de las ayudas a la subsidiación de préstamos para la compra de vivienda protegida, que eliminó el Gobierno de Rajoy en 2012.
Aunque la medida fue suprimida años atrás, es ahora cuando los hogares están notando que la hipoteca les ha subido una media de 50 euros. Justo en el momento que les tocaba la prórroga de las ayudas, tras haberlas disfrutado durante cinco años.
Para familias sin recursos
El Decreto ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad eliminó la subsidiación de créditos para la compra de viviendas de protección oficial en el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012.
Se trata de familias que, en la época de la burbuja inmobiliaria, “solo podíamos acceder a una vivienda gracias a estas ayudas, cumpliendo los requisitos socioeconómicos establecidos en los planes de vivienda”.
Así lo denuncia Manuel Pineda, que advierte que la situación de infinidad de hogares ha empeorado desde que les dieron la ayuda, y ahora no la disfrutan. Este jubilado se concentra todos los fines de semana junto a más afectados en las calles del centro de Mérida para reclamar que las ayudas se restituyan.
Manuel es el aval de la vivienda protegida que adquirió su hijo, que se encuentra en paro y cobra en estos momentos un subsidio por haber trabajado medio año. Le toca hacer frente con su pensión a la hipoteca de su hijo, por la que paga tras una subida de 50 euros unos 300 euros. “Súmale el recibo de la luz, el agua y la comida, y comprenderás lo que supone para una economía como la nuestra que nos hayan quitado la ayuda”.
Una recogida de firmas
En la Puerta de la Villa de la capital extremeña han sumado cientos de firmas de poyo que esperan entregar en la Asamblea de Extremadura. Los afectados por la subsidiación reclaman a la Junta que, en estos momentos “de crisis muy acusada”, asuma las ayudas para evitar más desahucios, “más angustias en numerosas familias, dado el desempleo masivo de la población”.
Otro de los afectados que se concentra en Mérida es Juanjo Pérez, a quien le subió la hipoteca 50 euros el verano pasado (cuando le tocaba renovar). Comenta que en casa llegan ‘muy justos’ a final de mes con un salario que no supera los 800 euros y con tres personas en casa.
“Mi situación no ha cambiado a la de hace cinco años, por fortuna puedo decir que puedo pagarlo, pero no otras muchas familias” Hace alusión no obstante al caso de familias monoparentales de Mérida, donde madres divorciadas tiran adelante con sus hijos con empleos precarios y temporales, “y un aumento de la hipoteca de la noche a la mañana”.
Un acuerdo aprobado en la Asamblea
Los vecinos afectados recuerdan que en la pasada legislatura el pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó con los votos en contra del PP una iniciativa que instaba al Gobierno regional a asumir con fondos propios de la región las ayudas eliminadas a la subsidiación de préstamos a compradores de viviendas de protección oficial (VPO).
Destacan también que el Parlamento Europeo ha hecho efectiva la petición oficial al gobierno de España para que justifique la eliminación retroactiva de las ayudas de subsidiación a 300.000 familias.
Dos de las líneas del Decreto 1/2017, de 10 de enero, de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que regulan ayudas en materia de alquiler de viviendas, no se podrán convocar hasta que se aprueben los presupuestos estatal y extremeño.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publico este lunes ese decreto que unifica tres programas: el de ayuda urgente al alquiler para familias afectadas por ejecuciones hipotecarias, el de fomento del alquiler de viviendas y el de la bolsa privada de viviendas para el alquiler asequible, informa Efe.
La convocatoria de los dos primeros, según ha advertido el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, a pregunta de los periodistas, dependerá de los presupuestos. El programa de ayuda urgente al alquiler para familias afectadas por ejecuciones hipotecarias estará activo en el primer trimestre del año, cuando haya cuentas autonómicas, ha señalado.
El de fomento del alquiler de viviendas dependerá por su parte de las cuentas nacionales para el 2017, una vez que el Gobierno ya ha prorrogado el Plan Estatal de Vivienda para este año.
Por otro lado, Vergeles ha anunciado que la bolsa de vivienda privada que regula el decreto se seguirá nutriendo de viviendas del la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o de las cesiones que hagan los bancos si finalmente ve la luz la ley de emergencia social de la vivienda.