La Junta de Extremadura ha auditado ya sobre un 10 por ciento de la documentación de los cursos de formación correspondientes a 2011, “un proceso lento”, según dijo en una rueda de prensa en Mérida la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez.
A preguntas de los medios, la responsable actual de Empleo se ha referido a la situación actual de la denuncia interpuesta por el anterior Gobierno de Monago ante la Fiscalía por presuntamente detectar fraude en los cursos de 2011.
Una denuncia que comprometió a las facturaciones de CREEX, UGT, CCOO, y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos (CEPES-Extremadura).
Así, la consejera señaló estar a la espera de la investigación de la Fiscalía, pues “como Administración no nos vamos a mover fuera de la ley, no tenemos por qué pararla, ni tenemos la posibilidad de parar la denuncia”.
La consejera de Empleo se ha referido así en la rueda de prensa de presentación de estos cursos de formación para 2015, acompañada del secretario Formación y Empleo de CCOO, Miguel Coque; la secretaria de Formación y Cultura de UGT, Ana Santos, y el secretario general adjunto de la CREEX, Álvaro Sancho.
Por su parte, la responsable de UGT dijo no saber “exactamente por qué se nos demanda a cada uno”, y ha mostrado su disposición ante la Fiscalía, pues ha precisado que la documentación que se les ha solicitado se entregó de forma “exhaustiva”.
En este sentido, Sancho ha recordado su colaboración con la Fiscalía para facilitar documentación y ha pedido que se esclarezca cuanto antes esta situación “tan compleja”.
“Hemos cumplido escrupulosamente con la normativa en los cursos de 2011”, ha asegurado el secretario adjunto de la Confederación Regional Empresarial Extremeña.
Mientras, el sindicalista de CCOO Miguel Coque ha recordado que el sindicato renunció en 2014 a solicitar la realización de este tipo de cursos debido a los retrasos e impagos por parte del Gobierno extremeño, pues ha indicado que se les adeuda 590.000 euros de los tres años (2011-2013) en los que la Fundación Formación y Empleo (Forem) de CCOO impartía estos cursos.
Según ha explicado, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo -integrada por sindicatos, patronal y Gobierno central- determinó que ninguno de los agentes sociales había incurrido en “ningún tipo malversación de los fondos públicos” en 2011.
“El anterior gobierno rompió la línea de seguir el procedimiento administrativo y criminaliza a los agentes sociales y económicos de la región”, ha añadido Coque, quien ha asegurado estar “deseando que se abra la investigación de la Fiscalía”, pues a su juicio, no cobrarán lo que se les adeuda hasta entonces.