La Fiscalía ha pedido a la jueza de Badajoz que investiga a David Sánchez, hermano del Presidente del Gobierno, que especifique los “hechos concretos” por los que le ha imputado y llamado a declarar el próximo mes de enero. La representante del Ministerio Público entiende que la instructora se limita a hacer una “remisión no detallada” al informe de la Guardia Civil sobre el caso y, según su criterio, debe repetir el caso pero especificando qué hechos y delitos atribuye a cada investigado, entre ellos también el secretario general de los socialistas extremeños.
La magistrada decidió, después de varios meses investigando a David Sánchez tras una denuncia de Manos Limpias, llamar a declarar al hermano del Presidente del Gobierno. Una denuncia que mezclaba diversas noticias de prensa y algunos bulos para acusar a David Sánchez de haber recibido trato de favor en su nombramiento en 2017 como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, también por cobrar sin ir a trabajar y, finalmente, por un enriquecimiento sospechoso de más de 1,4 millones de euros.
El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aportado recientemente a las actuaciones explica, en primer lugar, que esa supuesta fortuna del hermano menor de Pedro Sánchez no responde a una realidad, sino a un cálculo erróneo realizado por un medio de comunicación. La jueza ha pedido información al BBVA para conocer el detalle de las acciones que, supuestamente, David Sánchez tenía en el banco.
El grueso del informe se dedica a analizar miles de correos electrónicos intervenidos en sucesivos registros en la Diputación de Badajoz. Emails en los que diversos responsables del organismo trataban la creación de un nuevo puesto de alto cargo para coordinar sus dos conservatorios de música. Sin llegar a ninguna conclusión clara al respecto, la Guardia Civil destacaba que no era una prioridad crear ese puesto y que parte del proceso se hizo en un espacio corto de tiempo.
El auto de la magistrada llamando a declarar a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, explicaba que procedía llamarles a comparecer como imputados para preservar el derecho de defensa. Ahora la Fiscalía entiende que ese auto no especificaba qué hechos atribuye a cada uno.
Los nueve citados a declarar, explica, tienen derecho a saber “los hechos que se le atribuyen” y debe existir “un juicio de verosimilitud sobre la apariencia delictiva de los hechos en su día denunciados”, no una simple remisión al informe de la UCO. No es necesario “razonar todo”, concede, pero “sí un mínimo de atribución indiciaria de unos hechos relevantes”.
En la causa no existe, reprocha la fiscal, “una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados, lo cual consideramos esencial para su defensa”. La magistrada, en su auto, “no realiza ninguna exposición de los indicios existentes contra cada una de las personas a las que se pretender tomar declaración como investigados; ni siquiera se indica los concretos delitos por los que se investiga a cada uno de ellos”.