A juicio un funcionario de la Junta por adjudicar contratos a cambio de comisiones
El juez José de la Mata ha enviado a juicio al funcionario de la Consejería de Fomento investigado por el caso Madeja o Fitonovo, sobre la adjudicación irregular de contratos a esta empresa a cambio de comisiones, al que le imputa un delito de cohecho y otro de prevaricación.
En el auto de apertura de juicio oral el magistrado de la Audiencia Nacional ve indicios de que algunos de los contratos realizados por la Junta de Extremadura a Fitonovo entre 2004 y 2010 -por un importe total de 936.106 euros- podrían haber sido adjudicados de forma fraudulenta “en connivencia” con este empleado público.
Según se desprende, este funcionario, jefe de Sección en Conservación y Explotación de Carreteras, habría recibido comisiones para la adjudicación de contratos menores y para realizar una facturación superior a lo ejecutado, por un importe de 66.050 euros entre el febrero de 2006 y diciembre de 2012.
Sin embargo, es posible que, al solo tener datos de la Caja B de Fitonovo hasta agosto de 2012, se hayan realizado pagos posteriormente, como la comisión por la campaña de 2012, que siguiendo criterios de años anteriores, sería el 50 % de la diferencia entre el importe de la factura y lo ejecutado.
Se han recopilado además datos de su “abultado” patrimonio, existiendo un “desequilibrio importante”, superior a los 400.000 euros, entre los ingresos declarados y los gastos realizados, “lo que pone de manifiesto que posiblemente existían otras comisiones ilegales procedentes de otras sociedades”.
De hecho, existen elementos para considerar que no se limitó a actuar de esta forma con esta empresa, “pues existen correos electrónicos que ponen de manifiesto que extendía esta misma práctica ilícita a otras empresas”.
En total, el magistrado de la Audiencia Nacional ha enviado a juicio a 88 personas, así como al PSOE e IU por lucrarse de los beneficios de la trama en el Ayuntamiento de Sevilla.
Procedente de la juez Alaya
Ha adoptado esta decisión, la apertura de juicio oral, en siete autos que corresponden a las siete piezas en las que se divide esta causa, de la que en su día se inhibió en favor de este tribunal la juez que instruyó el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, Mercedes Alaya.
En estas resoluciones, el juez reprocha a la Fiscalía y, en menor medida, a la Abogacía del Estado, la falta de acusación respecto a algunos investigados, que llegaron a ser un centenar, lo que obliga a archivar la causa para ellos.
Este caso, que ha sido calificado como “el paradigma de la corrupción de cargos intermedios”, al ser los procesados cargos públicos, funcionarios y técnicos, se centra en la infraestructura que se creó en torno a la empresa Fitonovo para la obtención de contratos irregulares mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos a lo largo de 15 años (desde 1995 hasta 2013).
De la Mata atribuye al PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo -la misma por la que se condenó al PP en el caso Gürtel- en la pieza relativa a los contratos que obtuvo Fitonovo del Ayuntamiento de Sevilla.
Les considera responsables civiles por haberse beneficiado “de la conducta amañada por las personas investigadas” en las cantidades de 159.839 y 155.000 euros, respectivamente.
La empresa creó una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, conformando “una red de contactos con funcionarios corruptos” y “creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago” de los sobornos, para lo que contaba con una caja B.
La prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción, el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”.
La trama que afectó a múltiples administraciones tanto estatales, como autonómicas, se extendió por toda Andalucía, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.
