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Las extremeñas solicitan nueve de cada 10 excedencias para el cuidado de los hijos

Las extremeñas solicitan nueve de cada 10 excedencias para el cuidado de los hijos

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El rol de cuidados sigue siendo eminentemente femenino. Lo confirma un estudio realizado por el Instituto de la Mujer en 2002, que reveló que el 90,67 % de las excedencias por cuidado de hijos, y el 71,7 % por cuidados de familiares, en Extremadura, fueron solicitadas por mujeres.

Por ello, la Junta ya ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) unas ayudas que tienen como objeto no solo facilitar que las mujeres puedan trabajar, sino contribuir a la conciliación de las familias y también mejorar la empleabilidad de las personas que, profesionalmente, se dedican al sector cuidados, principalmente mujeres y la mayoría de las veces inmersas en la economía sumergida.

Estas ayudas están destinada a la contratación de personal doméstico, cubrirán alrededor del 70% de los costes de la contratación y para acceder a ellas no existe límite de renta, lo que se ha convertido en el punto más controvertido de la medida. No obstante, el Gobierno autonómico estima que unas 400 familias podrán acceder a ellas.

La Junta va a invertir 1,17 millones de euros en esta medida, dirigida a familias que convivan con hijos menores de 14 años y familiares de primer o segundo grado de consanguineidad o afinidad con una discapacidad reconocida de, al menos, el 33%. Podrán contratar a personas en situación de desempleo, también las que se encuentren en riesgo de vulnerabilidad y familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad. Además, no será necesario que los solicitantes trabajen a tiempo completo, puesto que también podrán optar las personas que lo hagan a tiempo parcial.

En esta nueva convocatoria se han modificado las bases del decreto que regula las ayudas para facilitar su acceso debido a que en los tres últimos años no se ejecutaron en su totalidad, perdiéndose cerca de tres millones de euros del Fondo Social Europeo -su fuente de financiación-, según ha explicado la Junta.

Dentro de las personas vulnerables se encuentran aquellas cuya renta no alcance el 60% del salario mínimo interprofesional; mujeres víctimas de violencia de género, acoso sexual y acoso por razón de sexo; personas con una discapacidad del 33% o superior; personas con enfermedades crónicas que les dificulten el acceso al mercado de trabajo, familias monoparentales, así como migrantes y personas refugiadas, entre otras.

La cuantía de la subvención podrá verse incrementada en un 10%, hasta un máximo de 1.100 euros mensuales, en el caso de familias que residan en municipios de menos de cinco mil habitantes, con el fin de facilitar la conciliación en el medio rural y contribuir al asentamiento de la población; familias monoparentales, y víctimas de violencia de género.

En esta convocatoria sólo serán subvencionables las nuevas contrataciones que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año, y el periodo de solicitud finalizará el 30 de octubre. 

Unas ayudas “injustas”

El sindicato UGT ha tildado de “injusta” la decisión de PP y Vox de eliminar el criterio de rentas de las familias a la hora de otorgar ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral. A juicio del sindicado, si no se tiene en cuenta el poder adquisitivo de las familias, “se aleja del principio de que la administración extremeña facilite ayudas a quienes realmente lo necesiten”.

“Se está excluyendo de facto a muchas familias que tienen que hacer un verdadero esfuerzo para realizar una contratación de personal doméstico frente a quienes tienen una mayor renta y dicho contrato puede entrar perfectamente dentro de su presupuesto”, han añadido las misma fuentes sindicales.

Tras apuntar que esta misma decisión se adoptó en el proceso de las becas complementarias y del cheque guardería, UGT entiende que se está favoreciendo “un trato desigual”, pues las condiciones iniciales de ingresos de las familias no son iguales. “No se contribuye a la redistribución de recursos económicos que toda política social justa debiera perseguir”, han agregado desde UGT. 

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