La Asamblea de Extremadura aprobó la semana pasada por unanimidad una propuesta que insta a la Junta a elaborar un plan de inspección y la regularización de los alojamientos turísticos ilegales.
Aboga por garantizar los derechos de los consumidores y la calidad de los servicios, y evitar la competencia desleal con los establecimientos regularizados y el fraude.
Se trata de una Propuesta de Impulso del Grupo Parlamentario del PP que ha sido enmendada por el PSOE en varios puntos para mejorarla en aspectos como una mayor inspección de los locales y luego transaccionada por los populares en el mismo sentido y para llegar a un acuerdo conjunto.
La diputada del diputado del PP Elisa Cepeda ha defendido la iniciativa y ha señalado que han pedido un plan consensuado. Sostiene que los establecimientos regulares sufren un 20 por ciento del descenso de su negocio por esas actividades irregulares, y que hay que actuar de una forma “firme y contundente” con sanciones “ejemplares” a los infractores de la legislación, entre otras medidas.
Por parte del PSOE, Hugo Vázquez ha explicó que su grupo presentó una enmienda de sustitución para el impulso de un plan de inspección de los establecimientos ilegales,. También abogan por reformar la cooperación con los ayuntamientos y buscar el apoyo del Gobierno central, que “no existe”, entre otros puntos. Ante esto el PP presentó una enmienda transaccional para consensuar diversas medidas en favor del sector regularizado, lo que ha sido aceptado por los socialistas.
Por su parte el parlamentario de Podemos Eugenio Romero señaló que este problema daña notablemente a los establecimientos regulares, y que hay que paliar la situación dada la importancia del sector turístico extremeño.
La parlamentaria de Ciudadanos (Cs), María Victoria Domínguez, dijo que los establecimientos turísticos ralentizan la recuperación del sector tras la crisis económica y que hay que luchar contra la economía sumergida.