Puede ser paradójico pero las prisas de Vox han frenado su intención de acabar con la memoria histórica en Extremadura y sacar adelante una ley, que denominan de Concordia, basada en el negacionismo histórico y que incluye incluye la eliminación de los fondos para asociaciones de las familias de las personas represaliadas por el franquismo.
El exsocio de María Guardiola en la Junta de Extremadura registró su propuesta de ley el viernes en la Asamblea, la misma semana en la que dejó caer el decreto de medidas fiscales en materia de Vivienda del Gobierno regional y en la que los presupuestos para 2025 comenzaron su tramitación parlamentaria. Hay que recordar que el PP necesita el apoyo de los cinco diputados de la extrema derecha para aprobar esas cuentas.
Sin embargo, el diputado Álvaro Sánchez-Ocaña aseguró que no tenía que ver “una cosa con la otra” y achacó al “calendario político” que justo ahora quisieran derogar la ley de Memoria Histórica de Extremadura, que es de 2019, cuando era uno de los asuntos incluidos en el pacto de gobierno entre PP y Vox, pero en el año de legislatura que compartieron no se avanzó en este asunto.
Pero la realidad es que Vox sí tenía prisa por aprobar su ley de Concordia, para lo que necesita el apoyo de los 28 escaños del PP, como demuestra que en su iniciativa solicitaba la tramitación por el “procedimiento legislativo urgente”. Pero la Mesa de la Asmablea acordó este martes no admitir a trámite la propuesta de ley porque ese procedimiento no existe en el reglamento de la Cámara extremeña.
En concreto, según se recoge en el Boletín Oficial de la Asamblea, la Mesa no pudo “colegir cuál es el procedimiento de tramitación más ajustado a la pretensión del autor” porque existen cuatro: ordinario, extraordinario, por lectura única o especial y “por tanto, no existe en el reglamento de la Asamblea de Extremadura el procedimiento urgente”.
Vox, que tiene cinco días desde este jueves para interponer un recurso de reconsideración ante la Mesa de la Cámara, también explicó el viernes que el PP conoce el texto legislativo desde el pasado mayo, cuando aún estaba vigente el pacto de gobernabilidad.
La propuesta de Vox para sustituir la Memoria Histórica
Las competencias en materia de Memoria Histórica están en manos de la Consejería de Cultura, que ha ido dando una de cal y otra de arena. Por un lado, amenazaba con aprobar una ley de Concordia similar a la de otros territorios donde gobernaban PP y Vox, pero, otro lado, seguía financiado exhumaciones y cumpliendo con la ley actual. Cuando el pacto de gobierno finalizó el pasado verano, la Junta consideró que la derogación de la Memoria Histórica ya no era una “prioridad”. De hecho, en el proyecto de presupuestos para 2025 se mantienen los fondos.
La propuesta de ley de Vox busca, por un lado, acabar con “el relato único, tanto ideológico como histórico, que se ha apropiado por desgracia de la política del país en los últimos seis años”, y dejar la investigación histórica y su divulgación a los profesionales que son los historiadores.
En segundo lugar, pretende que “todos los fondos de esta ley vayan a parar directamente a las exhumaciones, que no se pierda por el camino en todas las asociaciones, charlas y demás diatribas” como sucede, a su juicio, hoy en día y que “ese dinero sirva para que no quede ninguna familia sin recuperar los restos de un antepasado, independientemente del bando en el que lucharon y de su ideología”.