Uno de cada cuatro empleados públicos de la Junta de Extremadura se jubilará antes de 2030

Una comisión de expertos elaborará un informe antes de finalizar este año que servirá de base para la redacción de una nueva Ley de Función Pública y que ahondará en cuestiones como los procesos de selección, la provisión de puestos de trabajo, el régimen retributivo y la carrera profesional.

Este grupo de profesionales se encargará de realizar un análisis exhaustivo de la normativa vigente en materia de función pública, que data del año 2015, así como de los reglamentos previos, ha señalado en rueda de prensa la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

De hecho, según ha apuntado, en aspectos como la selección de personal, la provisión de puestos de trabajo, el régimen retributivo y la clasificación y ordenación del personal se siguen utilizando reglamentos que datan de mediados de la década de los 90.

Por ello, ha considerado “imprescindible” redactar un nuevo cuerpo jurídico adaptado a la realidad actual, “con un nuevo marco tecnológico, académico y laboral que poco tiene que ver con el momento de elaboración” de la ley de función pública vigente, con más de nueve años ya de antigüedad.

Según ha dicho, acompañada por los miembros de la comisión y del director general de Función Pública, Domingo Expósito, la intención es que la nueva norma esté aprobada antes de que concluya la presente legislatura.

Con este proceso se busca también reestructurar el sistema de clasificación y de ordenación del personal funcionario y poner el acento en contar con perfiles profesionales que se adapten a la situación actual del mercado del trabajo.

Se persigue también, ha añadido Manzano, afrontar un hecho que preocupa “mucho” al Ejecutivo regional, que es la jubilación del 25 por ciento de los empleados públicos de la Administración General antes de 2030, ante lo que “tenemos que estar preparados” para garantizar la transferencia de conocimientos entre los empleados.

No obstante, ha instado a afrontar este hecho como una oportunidad para “reestructurar” y “ver dónde están las necesidades reales y cubrir esos puestos que responden a esas necesidades reales”.

La comisión de expertos estará integrada por Carmen Bravo Díaz, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura especializada en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo; el abogado del Estado Juan José Torres Ventosa; y Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura.

A todos ellos, la consejera les ha agradecido su entrega por colaborar “desinteresadamente” con la Junta de Extremadura en este cometido pese a desempeñar labores profesionales de “máximo nivel”.

Según ha indicado Manzano, este proceso se afrontará escuchando “a todos” los actores involucrados en la función pública y a las entidades que se muestren dispuestas a participar en él para diseñar la que ha definido como la función pública “del futuro”.

A modo de ejemplo, ha precisado que hay que ser “mucho más rápidos y muchos más ágiles” en los procedimientos de selección pues, en definitiva, se trata de atender las necesidades de las diferentes consejerías “porque está en juego la prestación de servicios”.

La consejera ha informado además de que la ciudad de Mérida acogerá el próximo junio un congreso internacional sobre el futuro de la función pública organizado por la consultura NTT Data. Según sus palabras, se quiere avanzar hacia una administración pública conectada con la realidad, más cercana y rápida, que trabaje de manera más eficaz y eficiente y que crea en la negociación colectiva.