Pocos días después de la derrota de Monago en las elecciones del 24 de mayo, se produjo la dimisión del jefe de servicio encargado de la renta básica. Un mes más tarde, su ausencia ha generado más colapso y más retrasos en el cobro de esta prestación.
Así lo denuncian tanto los Campamentos Dignidad, Podemos y otras fuentes consultadas por este diario. Advierten que hasta 13.000 solicitudes de renta básica permanecen aprobadas, en el limbo, a la espera de ser cobradas.
El cese del jefe de servicio, sin esperar la llegada del nuevo gobierno del PSOE, ha generado problemas a la hora de tramitar los documentos propios de este cargo, que tendría que firmar, así como otros problemas burocráticos, según han transmitido a este diario varias fuentes de la propia administración.
El gobierno del PP lo niega
El gobierno de Monago niega estas acusaciones, y ha transmitido a eldiarioex que el cese de un empleado público no significa la paralización del servicio ni su gestión. También que tanto los procedimientos de pago como la resolución de nuevas rentas Básicas “se han gestionado como se venía haciendo antes del traslado del responsable del servicio”. “Como ejemplo, en junio se han abonado un millón de euros correspondientes a nuevos expedientes”.
Sin embargo, no aclara qué ocurre con los expedientes correspondientes a la ley del 2013 y los de la convocatoria de la Orden de 28 de octubre de 2014. Es aquí donde tanto el campamento como Podemos apuntan a que el pago no se ha hecho con normalidad. Otras voces críticas van más allá: señalan que no se han efectuado por falta de fondos, pese a que la ley dice que el crédito es ampliable y tiene que estar siempre cubierto.
Expedientes antiguos sin resolver
Cabe destacar en este sentido que el art. 74.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, afirma que en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario. Así, en este caso, se podría estar dando la paradoja de que se resuelvan primero los expedientes nuevos, en vez de los que presentaron hacen más tiempo.
Respecto al plazo de resolución de expedientes, tanto con la ley del 2013 como la del 2014 de renta básica establece que el plazo para resolver y notificar la resolución será, como máximo, de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de que siga habiendo expedientes por resolver, parece lógico que la ley no se ha cumplido.
La Junta argumenta igualmente que el servicio funciona con normalidad durante todo el mes de junio. “En este sentido, tanto los procedimientos de pago como la resolución de nuevas rentas Básicas se han gestionado como se venía haciendo antes del traslado del responsable del servicio. Como ejemplo, en junio se han abonado un millón de euros correspondientes a nuevos expedientes”, ha transmitido en respuesta a las preguntas de este diario.
Otras fuentes sin embargo apuntan a que, frente a este presunto estado de normalidad, lo cierto es que son continuos los insultos, amenazas e intentos de agresión que tiene que soportar el personal que gestiona la renta básica, especialmente los trabajadores sociales.
Intento de suicidio de una solicitante de renta básica
Cabe destacar aquí además el caso de una mujer de 37 años, que según la Acampada Dignidad, intentó suicidarse al no concederle la renta básica. En concreto intentó suicidarse tirándose por el puente Romano de Mérida, después de que en la Dirección General de Política Social le dijeran que su solicitud de renta básica, que presentó en febrero, no está resuelta todavía y que de ser favorable no cobrará como mínimo hasta dentro de cuatro meses, según explicó la acampada.
En respuesta, a estas acusaciones, la Junta de Extremadura responde que atendieron a la mujer y le explicaron los expedientes de renta básica a nombre de su madre. “Fue informada de que en los próximos días cobrará la cuantía de 532,51 euros correspondiente al mes de mayo, última mensualidad reconocida, según el primer expediente solicitado por la unidad familiar y reconocida en el mes de diciembre de 2014 con una vigencia de seis meses”.
“Igualmente se le informa que el segundo expediente de reconocimiento de RBI solicitado y con fecha de registro de 9 de abril se encuentra en fase de resolución, sin que se haya cumplido aún el plazo de tres meses que tiene la Administración para resolver”. “Antes de abandonar las dependencias de la dirección general, J.S.M es citada para los próximos días, en los que se le ofrecerá más información sobre el avance del expediente pendiente de resolver”.