Extremadura acusa al Gobierno de boicotear la construcción de un puente con Portugal que el PP rechazó hasta dos veces

Nuevo frente entre la Junta de Extremadura y el Gobierno de España a cuenta de las infraestructuras. El Ejecutivo de María Guardiola, que este martes planeaba llevar como medida estrella al consejo de gobierno la aprobación de un convenio para la construcción de un puente entre la localidad cacereña de Cedillo y Montalvao, en Portugal, ha denunciado el boicot de este acuerdo transfronterizo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, a pesar de que el PP no ha facilitado o se ha opuesto hasta en dos ocasiones a que esta infraestructura se hiciera realidad.

La Junta pretendía dar luz verde a un convenio con la Câmara Municipal de Nisa (Portugal) para conectar la carretera de titularidad autonómica EX-374 con el puente sobre el río Sever, que costeará la Administración lusa con fondos europeos para unir Montalvao con Cedillo (Cáceres). Según ha explicado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, esta firma contaba con “todos los parabienes” y con un informe positivo del Ministerio de Política Territorial, por lo que este martes se iba a incluir en el orden del día del consejo de gobierno.

Sin embargo, el pasado 15 de diciembre, y tras una conversación telefónica el día anterior con el Ministerio de Asuntos Extreriores, la Junta recibió un informe en sentido contrario en el que se aduce que la competencia para firmar el convenio corresponde al Gobierno de España por tratarse de una infraestructura de comunicación entre dos países. Un cambio de postura que obedece a que el ámbito normativo de aplicación no es el de la cooperación transfronteriza, como consideraba la Junta.

Bautista ha denunciado que tras estos dos informes “contradictorios” hay un “trato discriminatorio a Extremadura”, que la perjudica a pesar de haber sido “leal y cumplidora” con el Gobierno porque, según ha afirmado, al Gobierno de Aragón y a la Junta de Castilla y León se les permitió firmar sendos convenios con Francia y Portugal para la construcción del túnel de Bielsa, en el primera caso, y de una carretera entre Salamanca y el país luso.

El consejero extremeño ha exigido al Ministerio de Asuntos Exteriores que firme el convenio con la Câmara de Nisa o que permita que lo haga la Junta porque esta comarca “no puede esperar más” y ha enumerado las ventajas económicas que tendría para ambas zonas la construcción del puente.

Pero el cambio de postura respecto a esta infraestructura también se ha producido en el PP, que ahora la considera fundamental para la comarca. En 2012, siendo presidente de la Diputación de Cáceres Laureano León (PP)) se decidió posponer el proyecto y devolver los cuatro millones de euros obtenidos con fondos del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Portugal (Poctec).

Más recientemente, en 2021, el Congreso aprobó una propuesta del PSOE para instar al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la construcción del puente, pero el PP y Vox fueron los únicos grupos políticos que votaron en contra de la iniciativa.

El Finisterre extremeño

Los casi 450 vecinos de la localidad cacereña de Cedillo y los del municipio portugués de Montalvao llevan separados desde hace casi 30 años por 120 kilómetros de carretera y casi dos horas de camino, cuando en realidad, la distancia geográfica que les separa es de 13 kilómetros.

La distancia se reduce los fines de semana gracias a la plataforma de hormigón de una central hidroléctrica de Iberdrola, que queda abierta al tránsito. La otra opción, como muchos vecinos hacen, es cruzar el río Sever con lanchas y embarcaciones sin motor.

Debido a esta situación surrealista, Cedillo, que es la última frontera natural de España, se la conoce popularmente como el Finisterre extremeño. Aunque este escenario iba a cambiar radicalmente de una forma muy sencilla: la construcción de un puente de “entre 70 u 80 metros” que tendrái que estar finalzido en 2026 y para lo que la Câmara Municipal de Nisa recibió en 2021 nueve millones de euros de los fondos europeos de resiliencia.

Se trata de una reclamación histórica de los ciudadanos de ambos lados de la Raya debido a los lazos familiares y económicos entre las dos zonas.