La Junta de Extremadura ha urgido al Gobierno central a presentar su modelo para la reforma del sistema de financiación autonómica a negociar de forma “multilateral” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en base a principios de “igualdad, justicia, coordinación, autonomía y solidaridad”.
Así lo ha expresado durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea la consejera de Hacienda, Elena Manzano, entre reproches de PSOE y Unidas por Extremadura.
Estas dos formaciones han acusado al Ejecutivo extremeño de impulsar una declaración institucional sobre financiación autonómica aprobada en febrero por todos los grupos solo para hacerse la “foto” pero sin ánimo de continuidad en los trabajos para alcanzar una posición común al respecto.
La consejera les ha preguntado si acaso de arrepienten de haberla firmado, pues ella está “muy orgullosa” de plasmar en ese documento las necesidades de la región, y ha aseverado que la “foto” en todo caso es “para los extremeños” que son sus “únicos jefes”.
En su intervención, ha subrayado la importancia de que el Gobierno impulse la reforma de la actual ley del sistema de financiación autonómica, que tiene casi 15 años, para lo que debe presentar su modelo a debatir por las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes y el CPFF, pero de momento “no ha hecho nada”.
Extremadura, ha remarcado, ya tiene claro cuáles son sus necesidades, pues hay un trabajo previo de muchos años (2016, 2017 y 2021) y defiende un modelo basado en tres pilares: autonomía, coordinación, porque “esto es de todos, esto no es solo de los catalanes”; y “solidaridad, no caridad”.
Así, aboga por autonomía financiera como la capacidad de disponer de recursos suficientes para prestar las competencias asumidas, ello vinculado a la valoración del coste de prestar esos servicios de acuerdo a variables como la dispersión geográfica y envejecimiento; con el mantenimiento del porcentaje de cesión en la mayoría de figuras impositivas y compensación fiscal a Extremadura por la producción de electricidad.
Además, Manzano ha remarcado que se debe hacer “justicia con Extremadura” a través del fondo de compensación interterritorial, pues, si se hubiese recibido lo mismo que en 2008, existe una deuda de “910 millones” con la región, de más de “8.200 millones” de inversión territorializada y de 1.400 millones de inversión complementaria como prevé el Estatuto de Autonomía en siete años.
Por su parte, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas, tras felicitar a los taurinos por el Día Mundial de la Tauromaquia, ha indicado al PP que puede contar con su formación para “luchar contra las sanguijuelas separatistas” que se llevan lo que les corresponde a Extremadura, y que tienen todo tipo de compensaciones: “condonación de deuda, autonomía presupuestaria y quieren régimen fiscal propio”.
No obstante, ha criticado que se trata de un debate “estéril” sobre un sistema de financiación que “no funciona”, donde cada comunidad mira por sus intereses, a ver “quién puede más”, que “no es justo ni solidario”, para añadir después que “solo teniendo una visión nacional de los servicios públicos y los impuestos se podrá garantizar la igualdad” entre españoles y “avanzar juntos como nación”.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha recordado a Manzano la dificultad de reformar el sistema, algo que no han hecho “ni PP ni PSOE” en los últimos años, y ha censurado la declaración institucional impulsada por la Junta por considerarla “cosmética política” y “papel vacío”.
En este sentido, según Álvarez, ha sido el PSOE el que ha propuesto crear la Comisión no permanente de estudio en la Asamblea sobre este asunto, aprobada por unanimidad, para fijar una voz común en torno a esta cuestión, y el que ha pedido primero la comparecencia de Manzano, aunque al final lo haga como a petición propia para “enfrentar territorios y con el Gobierno de España”.
Los socialistas entienden que es preciso modificar los parámetros en que se basa la financiación autonómica, de la que dependen no solo sanidad, educación y dependencia, sino también las políticas de empleo, vivienda y lucha contra la exclusión social, por lo que primero se ha de acordar “qué modelo de Estado de bienestar se quiere para Extremadura”, además de atender al “déficit en infraestructuras” y factores como la renta.
Tanto Álvarez como el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos han afeado al PP el dumping fiscal en comunidades autónomas gobernadas por su partido y la “incoherencia” del Ejecutivo extremeño al pedir un modelo que compense a los territorios más desfavorecidos pero aplicar al mismo tiempo una política fiscal que “beneficia a los ricos”.
González Frutos ha criticado también la “foto” de la declaración institucional y ha dicho que la coalición sigue “con la mano tendida” para alcanzar acuerdos con “luz y taquígrafos” en la comisión creada, desde la “generosidad” y “sin trampas”.
El parlamentario popular Hipólito Pacheco Delgado ha sostenido que la citada declaración es “un buen inicio” para llegar a esa reforma del sistema, “siempre y cuando se cumpla con la Constitución española”, y dirigiéndose al PSOE ha indicado: “no tributan los territorios, tributan las personas, excepto el hermano de Pedro Sánchez que trabaja en Extremadura y tributa en Portugal”.