La Asamblea de Extremadura insta a la Junta a que ponga en marcha una oficina autonómica de atención y ayuda a las familias afectadas por la sustracción de niños recién nacidos en el período entre los años cuarenta y noventa del pasado siglo.
La propuesta, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, ha sido aprobada por unanimidad en el seno de la Comisión de Cultura, Mujer, Juventud, Cooperación al Desarrollo, Comunicación y Relaciones Informativas del Parlamento e incluye también otras propuestas al Gobierno nacional.
Según explicó el diputado socialista Fernando Ayala, en ese periodo en España se sustrajeron al nacer unos 300.000 niños, una acción que en sus inicios estuvo movida por razones ideológicas y cuyas afectadas eran principalmente las mujeres republicanas, pero que terminó siendo económica y que afectó a otros sectores de la sociedad.
Reconoce que ido que aunque en los últimos años ha habido avances para dar respuesta a las personas embarcadas en la búsqueda de la verdad e identificación de sus familiares, es necesario dar más pasos.
En su iniciativa insta al Gobierno de España impulsar las investigaciones para lograr estas identificaciones, promover la justicia gratuita para estas familias, ya que algunos pertenecen a clases humildes, la apertura de archivos públicos y privados y facilitar el acceso a bancos de ADN. A su juicio no se puede demorar más dar solución a unas personas “que buscan su identidad biológica” y que necesitan ser atendidas.