El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha enviado a la Intervención General del Estado las dudas no aclaradas por el Gobierno extremeño sobre el conflicto de intereses de altos cargos pertenecientes a las administración regional.
Los socialistas recuerdan que desde el inicio de la Legislatura el Ejecutivo de María Guardiola se negó a la comparecencia de cargos públicos al servicio de la Junta de Extremadura en la Comisión de Administración Pública previos a su nombramiento, un proceso que permitía un control parlamentario no solamente de la idoneidad, sino también de la presencia de conflicto de intereses.
El portavoz de Administración Pública del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, José María Vergeles, ha solicitado por escrito aclaraciones sobre conflictos de intereses en el que pudieran incurrir algunos altos cargos, sin obtener respuesta de la Junta de Extremadura, ni siquiera tras el requerimiento de la mesa de la Asamblea de Extremadura.
El Grupo Parlamentario Socialista explica que en diferentes entrevistas en medios de comunicación a los consejeros y consejeras del Gobierno de coalición del PP y Vox, han manifestado la oportunidad de contar con empresarios en sus equipos directivos, empresarios que han dejado sus empresas el día antes de incorporarse a su cargo político.
Fondos europeos “en riesgo”
En este sentido, los socialistas han presentado diversas iniciativas parlamentarias para asegurar que fondos tan importantes para Extremadura como los europeos, sujetos a un control especial, no se pudieran perder por conflicto de intereses, aunque “la Junta de Extremadura ha hecho caso omiso a esta cuestión”.
Los diputados del PSOE afirman que el caso más urgente es el del secretario general de Cultura, que constaba en el Boletín Oficial del Registro Mercantil como administrador único de una empresa que ha recibido una subvención de ayuda a la cultura.
Se trata de una subvención que proviene de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia que están sujetos a un especial régimen de control frente al conflicto de intereses.
Por ello José María Vergeles ha solicitado por escrito la fecha de venta de la empresa para aclarar esta cuestión y que no se pierdan los fondos, así como los documentos de inhibición de otros altos cargos en la gestión de los contratos.
“Ante esta falta de respuesta, nos vemos en la obligación por el bien de los extremeños de poner en conocimiento de la Intervención General de Estado a través de la sede electrónica en el buzón antifraude, las dudas que siguen sin aclarar de tal forma que se aclaren todos los extremos”.
“La cultura, la empresa, los empresarios, los trabajadores, la sociedad en general no se merecen perder fondos europeos y que sean descertificados por detectar un conflicto de intereses a posteriori”.