El coordinador de Cs en Extremadura, David Salazar, siempre ha estado cómodo con el PP. Hace dos años escenificó un acercamiento con el entonces presidente del PP, José Antonio Monago, después de que Cayetano Polo abandonara la formación naranja por diferencias con la dirección nacional de su partido. De ahí salió un discurso común que ambos dirigentes mantuvieron incluso cuando los pactos de gobierno en comunidades autónomas y ayuntamientos comenzaron a hacer aguas. Y ahora, apenas tres meses después de la llegada de María Guardiola al PP extremeño, la jugada se ha vuelto a repetir.
Los dos partidos han difundido una nota conjunta este martes para anunciar que sus dos grupos parlamentarios integrarán “en un mismo paquete” sus propuestas en materia de sanidad, educación y financiación de cara a la negociación de los presupuestos autonómicos de 2023. Esta unión evidencia, por un lado, que es Cs Extremadura la formación que se suma al triple pacto que Guardiola ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en las últimas semanas. Pero, además, también significa que los partidos de la derecha quieren, de esta forma, forzar a Fernández Vara a demostrar que fue sincero su ofrecimiento a la oposición para negociar las cuentas del año que viene. El PSOE tiene mayoría absoluta y no necesita sumar fuerzas, pero el dirigente extremeño afirmó en la celebración del Día de Extremadura que es necesario buscar consensos ante un “año muy complejo” en el que se tendrán que atender las necesidades de la sociedad y muy especialmente de las familias.
El acuerdo que han suscrito PP y Cs es “un pacto de mínimos, pero de la máxima prioridad”, según la líder de los populares, mientras que Salazar ha subrayado que esta alianza es de “sentido común” porque apoya las propuestas de la “Extremadura real”, un concepto al que aluden ambos dirigentes en sus intervenciones públicas. Según el coordinador del partido naranja, las alianzas tienen que propiciarse para defender “a los más desfavorecidos y a los que no tienen voz y que, en el transcurrir de crisis consecutivas, están perdiendo derechos elementales, como la prestación de servicios sanitarios y educativos.”
En la nota que han enviado subrayan que este pacto trasciende las ideologías y busca, elementalmente, financiar de forma sostenible los servicios sanitarios y educativos de calidad que demandan las familias extremeñas. También incluyen una rebaja de impuestos. En concreto, se han referido a la “urgencia” de poner la política fiscal al servicio de las familias y empresas extremeñas, lo que se traduce en una rebaja del IRPF, aunque al mismo tiempo han insistido en que los presupuestos regionales garanticen la prestación de servicios públicos ante la “zozobra económica”.