Los prestamistas con intereses usureros, y mafias manejadas desde Portugal, controlan buena parte del parque público de viviendas sociales en alquiler de la ciudad de Badajoz según diversas fuentes, mientras que muchas familias necesitadas siguen fuera del acceso a esas casas y pisos.
Días atrás el asunto ha salido a la luz pública, aunque de forma velada, al detener la Policía a cinco personas por retener, amenazar y dar una paliza a una persona a la que exigían una “supuesta deuda” según el parte oficial de la intervención policial.
Los Colorines es una de las zonas más castigadas por estas actuaciones, y según fuentes vecinales hay al menos siete familias que han tenido que abandonar la vivienda y darle la llave a los prestamistas por no poder devolver el dinero.
El préstamo, según esas mismas fuentes, tiene apariencia legal pero oculta unos intereses verbalmente pactados que resultan desmesurados; si quien contrae la deuda no puede devolverla suele entregar las llaves de buen grado por miedo a las actuaciones violentas de esos grupos.
Posteriormente la vivienda puede ser alquilada o traspasada de forma ilegal -el adjudicatario oficial ante la Junta de Extremadura sigue siendo el original- para ser habitada, aunque algunas sirven como base de narcotráfico.
Mafias manejadas desde Portugal, usando varios procedimientos, se han hecho en la ciudad de Badajoz con un patrimonio que podría afectar según fuentes oficiales a “centenares” de viviendas (el parque local supera las 2.000), un problema del que está siendo informada la Junta, para que proceda a la identificación y lanzamiento judicial de los ocupantes ilegales, que aunque estén en situación manifiestamente irregular no pueden ser expulsados sin la orden de un juez.