Este miércoles será la última vez que firmen en los juzgados. Lo han hecho un total de 60 veces, los días 1 y 15 de cada mes. Seguían en libertad condicional desde que el 11 de febrero de 2014 irrumpieron en los informativos territoriales de TVE con una pancarta bajo el lema ‘En Extremadura renta básica’.
Nerviosos, pero aliviados al mismo tiempo porque “al fin” podrán descansar. Ese es el sentimiento de buena parte de los 18 activistas de los Campamentos Dignidad que este jueves se sientan en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acusados de un delito de coacciones y desórdenes públicos.
Lo que iba a empezar siendo un juicio rápido se ha demorado dos años y medio para sorpresa de los activistas. Y ha acabado en el alto tribunal debido a que uno de los encausados –Eugenio Romero—es hoy diputado autonómico de Podemos.
Los campamentos reclaman la absolución de todas las personas imputadas porque entienden que fue un acto de protesta ante la situación de miseria creciente y el impago de la renta básica de inserción por parte del Gobierno de José Antonio Monago. Dicen que era una llamada de atención ante la situación de miles de familias.
Afirma Manuel Cañada, portavoz de los campamentos y uno de los encausados, que esto “no es el juicio de la tele, sino el juicio de la pobreza”. Apunta que este jueves se vive en Cáceres un ‘pulso’ entre quienes quieren convertirlo en un proceso por irrumpir en el informativo frente quienes lo entienden como una reclamación de derechos que “no se estaban cumpliendo”: “nosotros no nos metimos como alborotadores, sino como denunciantes de las injusticias”.
Denunciantes según Cañada porque en cinco años se pasó de 700 a 1.600 expedientes de desahucios abiertos en las viviendas públicas de la Junta, “y porque en aquél momento se pagaban 200 rentas básicas”. Parafrasea aquí el activista a Gandhi para afirmar que “en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad del hombre, ninguna tiranía puede dominarle”.
Manuel lleva estos días en la mochila los cuadernos con las notas que por aquellos entonces hacía. Y entre tantas palabras enseña los casos de tres mujeres: “Unas historias entre otras tantas marcadas por la miseria. Porque a estas mujeres les habían cortado el agua, estaban sin ingresos, con niños a su cargo e incluso en uno de los casos víctima de abusos. Y estas mujeres no cobraban la renta básica”.
Eran momentos que define como de “extrema necesidad”. Y allí ocurrió “lo mejor y lo peor”. “Mientas que empeoraban las condiciones con un proceso de empobrecimiento brutal que se asume y que se vive con naturalidad socialmente, aparece un movimiento de gente que antes nunca había soñado en organizarse para reivindicar sus derechos, y hace comunidad. Una comunidad de lucha. Una comunidad de quienes no tienen comunidad”.
“Esto es un juicio político”
Una de los mensajes que lanza alto y claro Cañada es que esto es un juicio político que se celebra a las puertas de unas elecciones generales. Lamenta que se haya desestimado las intervenciones del entonces consejero de Vivienda Víctor del Moral y de Monago. “Porque la injusticia tiene nombres y apellidos, y hay responsables directos de los desahucios sobre viviendas sociales que se estaban ejecutando”. Culpa también al gobierno del PP de los retrasos en el cobro de renta básica entre familias ‘desamparadas’.
“Defendíamos la justicia, la justica con mayúsculas para las clases empobrecidas a las que se les denegaban sus derechos. Es una paradoja que ahora nos enjuicie el sistema judicial a nosotros”. En contraposición traslada que injusticia “es mantener en la miseria a miles de familias extremeñas”.
Por todo ello reclaman la absolución: “desestimamos que cometiéramos coacciones porque somos un movimiento social pacífico. Eso si un movimiento que cree en la desobediencia civil. Fue una acción simbólica y pacífica.
“Y denunciamos una coacción sorda, la la violencia que se ejerce sobre quienes menos tienen la miseria. De esos desempleados que no llegan a final de mes y que terminan recurriendo a los ansiolíticos, de quienes han terminado suicidando porque los iban a desahuciar”.
Y un claro ejemplo --dice-- es el caso de Jose, uno de los encausados que terminó muriendo cuatro meses más tarde porque tenía que costearse un elevado porcentaje de los tratamientos médicos que tenía y que solo podía pagar uno de ellos porque no tenía más recursos. “Es el resumen del sentido del juicio, la falta de ingresos y la situación de extrema necesidad de miles de familias”.
Son solo algunas de las historias de los 18 encausados por irrumpir en los informativos territoriales de TVE. Aunque la historia se repite. Historias marcadas por la crisis, la ausencia de empleo y subsidios, y una renta básica que no llegaba.
Este es el caso de Isabel Saturnino, una vecina de Mérida de 52 años. Tras muchos años viviendo en Madrid regresó a casa con su madre porque se había quedado en paro y no tenía ningún tipo de ingresos.
En el momento de los hechos en casa también estaba su hermano con dos menores a su cargo, yel único ingreso que había para todos eran los 369 euros de la pensión no contributiva de su madre. “El motivo de entrar en la tele fue exigir los derechos, porque no llegaba la renta básica. Ante una situación precaria, sin prestaciones y cansada de echar currículos por todos lados, sin que me salga ningún puesto de trabajo con 52 años”.
Otro de los que se sienta en el banquillo este jueves es Diego Nogales, que afirma que irrumpieron en los informativos porque estaban reivindicando la renta básica. “Fue una campaña larga y dura con intentos de negociaciones, de hacer propuestas y llegar a un acuerdo con la Junta de Extremadura. Pasaron ampliamente de nosotros, había gente muy necesitada y entramos para hacer visible nuestra propuesta”.
Pone de manifiesto que ni él ni el resto de compañeros son personas violentas. “Llevamos mucho tiempo reclamando renta básica y hemos demostrado que somos personas sensatas, consecuentes con lo que hacemos. Claro que también contundentes y firmes, porque es una cuestión vital para la gente, de urgencia”.
Personas que según comenta además de hacer un acto protesta estaban afectadas por la crisis, como fue su caso tras siete años en paro. Un tiempo en el que solo ha trabajado seis meses en el ayuntamiento de Mengabril.
Otra de las historias es la de Paco González, que afirma que se metió en TVE Extremadura porque llevaba siete años parado. “Solicitante de renta básica, vivía de prestado y la necesidad era la que había. Entramos en televisión porque había miles de solicitudes y apenas se estaban pagando por entonces unas 200”.
No tiene la menor dura de que sus presiones han servido para aumentar el número de beneficiarios de la renta básica y ante el juicio reclama la absolución. “Pero es que aunque nos juzguen en sentido negativo nosotros somos moralmente inocentes, porque nos metimos porque no nos quedó otra. Por mucho que nos penalicen nosotros moralmente somos inocentes”.