Darle la vuelta y hacer un juicio al sistema que ha dejado a miles de personas sin trabajo ni ingresos, obligados a enganchar de forma clandestina el agua y la luz, o sin vivienda propia y forzados a ser 'okupas'. Es la pretensión de los Campamentos Dignidad de Extremadura, que después de casi dos años de lucha se enfrentan al momento de la verdad en forma de dos juicios, en los que se verá si el sistema les dobla la muñeca, o salen airosos y siguen adelante como lo han hecho en el juicio por el escrache a Carlos Floriano.
Desde que surgieron en febrero de 2013 en las escaleras de una oficina del paro, del Sexpe, 58 personas de los campamentos han sufrido multas o juicios por participar en acciones contra las consecuencias de la catástrofe social que asola a una parte sustancial de las clases trabajadoras. Son más de 183.000 euros los que les piden de multa por acciones reivindicativas.
En conjunto tendrán que hacer frente en los próximos meses a una cadena de juicios que intentan “penalizar la lucha que venimos manteniendo” contra el paro y la exclusión social, por la renta básica y el derecho a la vivienda. En concreto, son cinco los juicios, dos relacionados con las movilizaciones por la renta básica y tres motivados por la lucha contra los desahucios y la reivindicación de una vivienda digna.
Al banquillo el 15 de diciembre
Los dos juicios más próximos se celebrarán el 15 de diciembre de 2014, en los juzgados de Mérida. A las 9.40 se realizará un juicio de faltas contra cuatro miembros del Campamento Dignidad por la ocupación de la Dirección General de Política Social ocurrida el 14 de mayo de este año. Mediante esa ocupación simbólica pretendían denunciar el “escándalo que estamos sufriendo” en la gestión de la ley de renta básica de Extremadura. En ese momento, un año después de su aprobación por la Asamblea de Extremadura (9/05/2013), no llegaba ni siquiera a 500 el número de beneficiarios de la renta básica de inserción, a pesar de que el número de solicitantes superaba ya con creces la cifra de 20.000.
El segundo juicio de ese día se celebrará a las 12 de la mañana. En este caso se acusa a tres personas del Campamento Dignidad de un delito de usurpación (ocupación) de las viviendas de la Urbanización Los Álamos de Mérida. Inicialmente fueron 12 las personas denunciadas y ahora ya sólo quedan tres en la denuncia: Angélica Fernández, Ramón Carbonell y Manuel Cañada, uno de los principales activistas de los Campamentos y ex coordinador regional de IU.
En este segundo caso se trata de 210 viviendas a medio construir que están en manos de un banco, y que Campamento Dignidad se ha ofrecido a terminar al 'estilo Marinaleda', haciendo ellos de albañiles para después poderse quedar en alquiler.