El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido desde que comenzó su actividad hace dos años 2.405 iniciativas ciudadanas, 21 de ellas de Extremadura, la quinta región donde mayor número se ha presentado.
De las 1.407 reclamaciones remitidas entre enero de 2015 y diciembre de 2016, 1.074 (76 %) corresponden al Estado y las 333 (24 %) restantes a comunidades autónomas y entidades locales. Ha registrado además 641 peticiones de información, 232 consultas sobre la aplicación de la ley y 86 denuncias por su incumplimiento.
Las últimas reclamaciones contra el Estado estimadas por el Consejo permitirán conocer, entre otros asuntos, los importes que deben ser recuperados del Real Madrid por ser consideradas ayudas incompatibles con la normativa de la Unión Europea o los incidentes acaecidos en el centro penitenciario de Valdemoro.
Deberá facilitar información asimismo sobre los gastos derivados de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y el listado de compromisos de colaboración firmados entre el organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y entidades privadas.
Dos años de vida
A lo largo de sus dos años de funcionamiento, el Consejo ha resuelto a favor de los ciudadanos reclamaciones que han permitido conocer asuntos como los gastos de las embajadas en el exterior, la declaración de intereses de los miembros del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C o el informe en el que se basó la restricción a uso hospitalario de la vacuna de la varicela.
También reuniones con empresas del sector tabaquero, fondos recibidos por la Iglesia Católica, abogados del Estado en excedencia, criterios para la adjudicación del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas, certificaciones de obras o retribuciones y productividad percibidas por los empleados públicos.
Contra algunas de las resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia, se han interpuesto hasta el momento 32 recursos contencioso administrativos, presentados bien por organismos públicos o por ciudadanos.
Estos recursos implican que algo más del 2 por ciento de las resoluciones dictadas son recurridas ante los tribunales.
De las 333 reclamaciones recibidas hasta diciembre y dirigidas a las comunidades autónomas y entidades locales, se han admitido a trámite 234, que son las procedentes de la autonomías que han firmado un convenio con el Consejo de Transparencia para atienda sus reclamaciones.
El mayor número corresponde a los ciudadanos de Madrid (56), Cantabria (49), Castilla-La Mancha (49), Asturias (26), Extremadura (21), Ceuta (14), La Rioja (13) y Melilla (6).
Entre las resoluciones correspondientes a las administraciones territoriales destacan las que se refieren a asuntos de personal de servicios de salud, empleo público, ordenanzas fiscales y documentación de contratos municipales.