Dieciséis años de batalla judicial: cronología de 'Marina Isla de Valdecañas'
El complejo Marina Isla de Valdecañas, que ocupa parte de los términos municipales de las poblaciones cacereñas de El Gordo y Berrocalejo, se proyectó en 2007. Desde entonces ha tenido que recorrer un tortuoso camino en el que, a lo largo de 16 años, ha tenido que sortear, a golpe de medidas legislativas, las numerosas resoluciones judiciales contrarias a su pervivencia, y que siempre han dictaminado la demolición parcial o total de este resort de lujo, del que son propietarios y usuarios conocidos personajes de la política, la prensa rosa, e incluso familiares de la Casa Real. Los principales momentos de su complicada historia podrían ser estos:
2007: Recalificación de terrenos protegidos para su construcción
El complejo de Valdecañas nace con dificultades De hecho, se tuvo que preparar el escenario del parto, aprobando un Proyecto de Interés Regional (PIR), en 2007, apoyado por el PSOE y el PP en la Asamblea de Extremadura, para poder recalificar los terrenos que estaban catalogados como Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) y así poder construir en las 130 hectáreas que ocupa la Isla de Valdecañas.
Las asociaciones conservacionistas Adenex y Ecologistas en Acción, denunciaron este hecho en los tribunales, que siempre han dado la razón a los ecologistas, haciendo que el futuro del resort, desde entonces, haya pendido de un hilo.
2010: Finaliza la construcción de la primera fase
Finaliza la construcción de la primera fase del resort, que comprendía un hotel de cuatro estrellas; 185 villas de lujo, un campo de golf y un puerto deportivo para cerca de 80 embarcaciones.
2011: El TSJEx resuelve que el PIR es ilegal
El TSJEx da la razón a las asociaciones ecologistas y declara ilegal el PIR aprobado por la Asamblea de Extremadura, obligando a devolver los terrenos a su estado original, situación que hizo que las obras de construcción de las siguientes villas y de un segundo hotel de cuatro estrellas se paralizaran.
Este mismo año, la Asamblea de Extremadura aprueba una nueva ley del suelo para permitir la construcción en terrenos protegidos.
2014: El Tribunal Supremo ratifica la resolución del TSJEx
En 2014, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia del TSJEx, estimando ilegal el PIR y se alinea con el tribunal extremeño al exigir la devolución de los terrenos a su estado original, cuestión que siempre la Junta ha señalado que era imposible hacer.
2015-2019, un informe ambiental que tarda 4 años
El Tribunal Superior de Justicia, antes de exigir la ejecución de la sentencia, accede a permitir que se haga un informe medioambiental sobre los perjuicios de mantener las construcciones ya hechas. La encargada de hacer dicho estudio fue la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que, en 2019, concluye que a largo plazo el complejo turístico ocasionaría más daños medioambientales que si se derribara.
También en 2019, el TSJEx y el Tribunal Constitucional señalan que la ley del suelo aprobada en 2011, con modificaciones para dar cobertura legal al complejo de Valdecañas, era inconstitucional.
2020: El TSJEx ordena demoler las construcciones sin terminar
El alto tribunal extremeño dicta una sentencia en la que ordena la demolición de todas las construcciones que están a medio terminar, salvando del derribo a las 185 villas, y el hotel de cuatro estrellas. Argumenta el TSJEx que demoler todo el resort tendría un coste de 145 millones de euros y que, lo ya construido, ya no hacía daño al medio ambiente.
2021: La Junta encarga un proyecto para la demolición parcial
En este año, la Junta encarga a la empresa pública Tragsatec que redacte un proyecto de demolición de las construcciones sin finalizar, con un presupuesto de cerca de 65.000 euros
2022: El Tribunal Supremo insiste en que la demolición debe ser total
El Tribunal Supremo, ante el recurso presentado por los ecologistas a la sentencia del TSJEx, vuelve a pronunciarse exigiendo la demolición total del complejo Marina Isla Valdecañas.
Tras esta resolución, en marzo de ese mismo año el TSJEx da a la Junta de Extremadura un plazo de 8 meses para la redacción del plan de desalojo y demolición del resort, pero la Junta vuelve a recurrir al Tribunal Supremo, presentando un recurso de casación con el objeto de evitar la demolición completa.
2023: El Supremo rechaza el recurso contra la demolición total
En el mes de marzo, la Asamblea de Extremadura, con los votos favorables del PSOE aprobó la conocida como Ley Zepa, con la que intentó, en última instancia, salvar a Valdecañas de su muerte.
En mayo de este mismo año, en plena campaña electoral, el Tribunal Supremo dictó una providencia por la que rechazaba el recurso de casación presentado por la Junta instando, una vez más, a la ejecución de la sentencia de demolición.
El 31 de mayo, a pesar de que el presidente de la Junta afirmaba que Valdecañas no se iba a derribar porque la nueva ley del suelo amparaba su legalidad, se aprobaba en Consejo de Gobierno la designación del órgano encargado de la ejecución del plan de demolición, ya que el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, no paralizaba la ejecución de la sentencia del Supremo.
Este martes, 20 de junio, se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha decidido suspender cautelarmente el derribo de Valdecañas, en tanto estudia en profundidad los recursos presentados, un proceso que se espera se demore durante, aproximadamente, un año.
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