La Oferta Pública de Empleo de Estabilización de la Junta de Extremadura asciende a 6.220 plazas en los tres sectores –Administración General, Sanidad y Educación- y se aprobará antes del 1 de junio, tal y como establece la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
El Gobierno regional ha presentado esta cifra en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma, que se ha reunido este lunes bajo la presidencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y entre las críticas de los sindicatos.
La también vicepresidenta primera de la Junta ha resaltado que la aprobación de esta oferta es un ejercicio de “transparencia”, al determinarse el número de plazas, y de “diálogo”, por la necesidad de cumplir con los requisitos que marca la ley nacional.
Blanco-Morales ha destacado que este proceso establece una vía extraordinaria para reducir la excesiva temporalidad del empleo público de España y ha precisado que la ejecución de esta oferta, junto con los procesos ordinarios, situará la temporalidad en Extremadura por debajo del 8 por ciento, que es el objetivo establecido en la ley y uno de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La titular de Administración Pública ha asegurado que esta oferta extraordinaria contempla vías igualmente excepcionales, como el concurso de méritos, lo que permitirá que muchos empleados públicos accedan a un puesto con carácter definitivo. Y todo ello, ha añadido, sin menoscabo de continuar con la ejecución de las ofertas ordinarias, por el proceso de concurso-oposición, y de los procesos de promoción interna y de concurso de traslado.
Por sectores, en el ámbito de Administración General se establecen 3.193 plazas, en el sector educativo se contabilizan 1.141 plazas y en el Servicio Extremeño de Salud (SES) 1.886 plazas.
Seguridad jurídica
Pero los sindicatos han mostrado su malestar porque la Junta no ha detallado, por especialidades, las plazas de la Oferta Pública de Empleo de Estabilización presentada este lunes y la han instado a negociar las convocatorias de estos puestos, que deben estar listas en diciembre, y a garantizar seguridad jurídica.
El presidente del sindicato CSIF Extremadura, Benito Román, ha expresado su rechazo porque esta oferta de empleo público se fundamenta en “una ley que no ha sido negociada ni consensuada ni dialogada” y que ha generado una situación de “caos” e “incertidumbre”. “Hay que ser hábil por parte del Gobierno para tener enfadados a todos los colectivos”, ha señalado Román mencionado el caso concreto de los interinos, que están disconformes porque pueden perder su plaza y porque con este proceso “puede venir gente de fuera y quitarles” la plaza mientras que ellos no pueden concurrir en el País Vasco o Cataluña.
También ha citado al personal que tiene su plaza en propiedad porque no se convocan promociones internas siguiendo la misma fase de concurso que se va a seguir en este proceso de estabilización y porque no se fijan concursos de traslado en algunos sectores. “Y los que están alucinando son aquellos compañeros que están preparándose una oposición y que no saben si se les van a convocar sus oposiciones con la que hay montada”, ha aseverado.
Ante ello, Román ha exigido que todos los procesos selectivos que se lleven a cabo sean “con la mayor seguridad jurídica” para evitar que sea un juez quien tenga determinar si una plaza es propiedad de una persona u otra.
UGT también ha mostrado su malestar porque, según ha explicado su secretaria de Acción Sindical y Servicios Públicos, María de los Ángeles Rodríguez Márquez, la Junta no ha presentado un desglose de las plazas por cuerpos y especialidades. También porque no se han abordado cuestiones como la promoción interna, pues “no sabemos si la Administración va a optar por ella o no”, ni tampoco los concursos de traslado ya que aunque existe “voluntad” de convocarlos previos a la estabilización, hay algunas categorías “que no van a tener esa oportunidad”.
Según ha lamentado, la reunión de este lunes ha sido más un mesa informativa que de negociación “porque ni siquiera la Administración nos había mandado documentación alguna” ante un proceso que ha generado descontento porque “es una ley impuesta por el Gobierno y que negociaron los políticos”.
Por CCOO, la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Esther Ávila, también ha echado en falta “detalles” sobre las plazas afectadas en el ámbito de la Administración General, dado que la Junta ha facilitado el número total pero no un desglose pormenorizado. Asimismo, ha instado a la Junta a sentarse y negociar las bases de las convocatorias correspondientes “sin prisa pero sin pausa”.
Según establece la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, las plazas de la oferta de estabilización deben estar publicadas antes del 1 de junio, sus convocatorias a fecha 31 de diciembre de 2022, y los procesos concluidos el 31 de diciembre de 2024.