La Mesa General de Negociación de Extremadura ha abordado este viernes el Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas firmado por el Gobierno y los representantes sindicales, que modifica el Estatuto Básico del Empleado Pública (EBEP) para su inmediata aplicación.
Según ha informado la Junta, durante la reunión de este órgano, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha destacado el compromiso del Ejecutivo para iniciar de inmediato las tareas para ejecutar las sucesivas convocatorias que hay que realizar hasta 2024, de acuerdo con la modificación del EBEP.
Blanco-Morales ha destacado los buenos principios incluidos en ambos documentos y que se incluyen dentro de uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, y ha avanzado que, el primer paso, será la identificación de las plazas afectas por la nueva estabilización.
En este sentido, ha matizado que este proceso requiere de una importante labor de cuantificación y evaluación, ya que se dan diferentes circunstancias y no todas las plazas ocupadas por personal interino están sujetas a su convocatoria en un proceso selectivo.
Además, este proceso deberá ser abordado en el marco del acuerdo y la negociación iniciada durante este encuentro, y ha recordado que la nueva normativa afecta a los tres ámbitos de la Administración, pero dos de ellos - SES y docentes- están sujetos a normativa nacional, que deberá ser adaptada.
Sobre los aspectos concretos del acuerdo, Blanco-Morales ha señalado que Extremadura, previa negociación con los sindicatos en algunos de sus ámbitos (Administración General y SES), ya había adoptado con carácter previo algunos de ellos, como es el caso de la valoración del 40% de los méritos en la fase de concurso de los procesos selectivos.
La vicepresidenta primera ha insistido en que hay una importante tarea por delante que la Administración regional sabrá cumplir y que abarca tanto al personal en situación de temporalidad, como a aquellos que aspiran a lograr una plaza.
Por ello, ha asegurado que los procesos selectivos serán públicos y transparentes, con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad y de libre concurrencia, tal y como recoge la Constitución y el propio acuerdo entre el Estado y los sindicatos, y de la forma más ágil posible.