El tiempo parece haberse detenido en la plaza de la Virgen de los Remedios de Hornachos. Décadas atrás fue inmatriculada por el obispado, y por lo tanto ya no es propiedad del pueblo sino de la Iglesia.
La cuestión que levanta ampollas no es esta, sino que la plaza cobija una cruz con honores a José Antonio Primo de Rivera, acompañado en su base por los nombres de los ‘muertos en la cruzada’. Es un monolito-placa franquista en forma de cruz que conserva la leyenda ‘Caídos por Dios y por la patria, ¡Presentes!’.
Un vistazo rápido puede hacer pensar al visitante que se teletransportó al pasado. Pero no es así, sigue en pie en pleno 2016. Los honores a Franco se erigen en un espacio emblemático para sus vecinos, un lugar de continuo tránsito, de encuentro y esparcimiento cuando llega la romería.
El monumento, al igual que otros tantos, fue levantado por orden de un decreto franquista que fijaba el 20 de noviembre como día de luto oficial, y ordenaba que en cada pueblo se instalaran inscripciones en honor a la sublevación militar y el ideólogo de la Falange española.
Reclamación al Obispado
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva desde 2011 reclamando la retirada de todo el vestigio Franquista que sobrevivió al paso del tiempo. Y de hecho la localidad sí ha retirado por ejemplo la medalla de oro a uno de los franquistas que tomaron Hornachos. Pero el caso de la plaza es diferente, al no encontrarse en dominio municipal le corresponde a la Iglesia su retirada.
Y se trata además de un elemento especialmente 'hiriente' para las víctimas si se tiene en cuenta que Hornachos fue la tercera localidad con mayor represión y víctimas del Franquismo en su comarca –tras Almendralejo y Villafranca--. En un municipio muy pequeño hay documentados al menos 110 víctimas del Franquismo, comenta José Manuel Corbacho, presidente de este colectivo.
La asociación ha hecho una reclamación oficial al obispo Celso Morga Iruzubieta, en la que piden la retirada del símbolo anticonstitucional. Alegan que su permanencia en el espacio público de la localidad “hiere la sensibilidad democrática de cualquier ciudadano”.
También que constituye una ofensa para la sociedad de Hornachos y extremeña en general, que sufrió la represión franquista, “en numerosas y variadas formas, por el régimen dictatorial surgido del golpe de Estado de 1936 contra el gobierno legítima constituido de la II República”.
“Se trata de cumplir la ley”
Comenta el presidente de la asociación extremeña de Memoria Histórica que su retirada no implica más que cumplir la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde hace ya ocho años, y que como dice la norma hay que retirar las expresiones contrarias a los valores democráticos.
Su retirada, recuerda el colectivo, está sustentada en la ley, y en el “convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, y a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio, como el caso de estas Placas o lápidas o monolitos, donde la permanencia y la pervivencia del citado símbolo, supone de una clara exaltación de la sublevación con ofensa para la memoria de las víctimas del franquismo y sus familiares, al margen de suponer una exaltación de la sublevación militar”.
En el aspecto legal, una cuestión más que alegan: el hecho de que es una obligación cumplir las leyes en un estado de derecho y si una norma con rango y forma de Ley, impone una determinada conducta (retirada de estos símbolos), debe llevarse a cabo.
“Nadie está al margen o por encima de la ley y, desde luego, no le corresponde al Arzobispado de Mérida-Badajoz, ponderar su cumplimiento, sino cumplirla lisa y llanamente, de tal manera que si una norma impone retirar determinados símbolos, ha de llevarse a cabo tal mandato para lo que el propio ordenamiento jurídico prevé sus cauces”.
Un caso parecido ha sido el del obispado de Plasencia, que retiró recientemente otro símbolo franquista de la puerta de un templo en la localidad cacereña de Navaconcejo. El obispado procedió a su retirada tras el ‘aviso a navegantes’ que semanas atrás había lanzado el nuevo Ejecutivo de la Junta.
El director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urban, transmitió a este diario que la Junta ponía mano dura, y que antes de dar dinero público se iban a cerciorar vía informe de que se cumple la Ley de Memoria Histórica.
La Junta adoptaba esta postura tras conocerse que el anterior Ejecutivo de Monago concedió una subvención 15.000 euros para la restauración de una ermita en Navaconcejo, pese a mantener un escudo falangista justo en la entrada.
De este modo la Junta confirma que no invertirá ni un solo euro en aquellos templos religiosos que conserven símbolos en honor al dictador Francisco Franco, o que exalten a la dictadura militar. La asociación de memoria histórica no ha recibido por ahora respuesta a su requerimiento por parte del obispado, aunque confía en que finalmente la Iglesia acepte su retirada.