La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado un auto en el que acuerda que se continúe la ejecución de los pronunciamientos que no han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional en relación al resort de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres), es decir, que se realice la demolición de todo lo que se encuentra en estructura o no está terminado y en funcionamiento. El Gobierno de PP y Vox que preside María Guardiola ha anunciado que recurrirá la decisión.
La ejecución estaba suspendida por los recursos de casación que luego fueron inadmitidos por el Tribunal Supremo, mientras que el Tribunal Constitucional en un auto de 20 de junio acordó paralizar cautelarmente la demolición total del complejo urbanístico hasta que se estudiaran los recursos de la Junta de Extremadura y de los propietarios de los chalés contra la decisión del Supremo.
Por lo tanto, la Justicia extremeña entiende ahora que como no está suspendida el resto de la ejecución, es decir, la demolición de la segunda fase de Marina Isla de Valdecañas, “procede continuar la misma”.
En la parte dispositiva el auto detalla que el Gobierno extremeño debe proceder a la demolición del segundo hotel planificado y el resto de viviendas que se iban a construir, así como las viviendas terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto, salvo, en el caso de estas últimas, que por razones de colindancia pudieran afectar a la seguridad de otras viviendas. Asimismo, se acuerda la revegetación de las plataformas existentes que no han sido urbanizadas, eliminando dichas plataformas y los residuos que aparecen en ellas.
“Mensaje negativo para los inversores”
Por su parte, la Junta de Extremadura ha anunciado que recurrirá el auto del TSJEx porque, aunque respeta la decisión judicial, quiere “explorar todas las posibilidades” que frenen la demolición de parte del resort de lujo. Y es que el Ejecutivo de Guardiola considera que echar abajo aunque sea la parte que están sin construir supondrá un “mensaje negativo que ahuyentaría a posibles inversores que estén pensando en instalarse” en la comunidad.
El Gobierno autonómico también justifica su decisión, que ha anunciado a través de un comunicado, en que en Extremadura “no sobra ni un empleo, ni una inversión, ni una oportunidad” y el resultado de la demolición “no ayudaría ni al desarrollo de la zona, ni a la creación de nuevos puestos de trabajo a corto pazo, ni a la proyección económica general de la región en el futuro”.
Chalés de lujo en la Red Natura 2000
Las organizaciones conservacionistas Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura iniciaron hace más de 15 años un proceso administrativo y judicial en contra de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, al considerar que había sido levantada en una zona Red Natura 2000, “un espacio teóricamente protegido y no urbanizable”.
Desde entonces, sobre el complejo turístico, ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), pesan ya varias sentencias judiciales, que declaran la nulidad del Proyecto de Interés Regional (PIR) aprobado por la Junta en 2007 y que permitió la recalificación de los terrenos para la construcción.
Estas sentencias obligan al Ejecutivo extremeño a demoler lo construido y a restituir los terrenos a su estado original, aunque su ejecución está suspendida por varios recursos.